Los vínculos de un hijo de Pujol con Europraxis provocan una agria polémica entre CiU e ICV

La Sindicatura de Cuentas presentó ayer, con casi un año de retraso, el informe sobre los contratos de las administraciones públicas con Europraxis -uno de cuyos socios es Josep Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol- e Indra entre 1996 y 2002, en la etapa de CiU. El informe señala irregularidades en la contratación pública con la empresa. Joan Boada (ICV) destacó que se confirma "la estrecha relación de los negocios de la familia Pujol y la Generalitat y el uso de dinero público en beneficio privado". Jordi Turull (CiU) tildó esas acusaciones de "difamaciones".

El informe de fiscalización fue un encargo del Parlament de 2002, después de que se desvelara que la consultora Europraxis asesoró al grupo de automoción Lear en el cierre de la planta de Cervera, en diciembre de 2001. Pero ayer, ni el Partit dels Socialistes (PSC), ni Esquerra Republicana (ERC), ni el PP sacaron a relucir las vinculaciones entre la Generalitat y uno de los socios de la consultora -que posteriormente fue adquirida por Indra, multinacional especializada en tecnologías de la información-, Josep Pujol Ferrusola. Sólo Iniciativa Verds (ICV), a través del diputado Joan Boada, denunció "la estrecha relación entre los negocios de la familia Pujol Ferrusola y la administración de la Generalitat".

"A más información, menos rumorología. No hay tema", aseguró el diputado Jordi Turull después de las explicaciones del síndico mayor, Joan Colom, que describió un reguero de irregularidades pero en ningún momento citó al hijo del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. El contenido del informe describe prácticas como el fraccionamiento de contratos para eludir la obligada publicidad; facturas con fecha anterior a la propia autorización del gasto, e incluso la imposibilidad de consultar contratos a causa de la destrucción de los mismos sin que hubiera transcurrido el plazo legal para hacerlo.

El propio Colom dejó claro que no se trata sólo de los contratos con Indra, sino que la mayor parte de esas irregularidades no son una excepción en la contratación de las administraciones públicas catalanas. Además, Colom denunció el obstruccionismo de algunas de estas administraciones: menos de la mitad de los ayuntamientos enviaron a la Sindicatura la información requerida.

El PSC, a través de Jordi Terrades, se limitó a solicitar la ampliación de la fiscalización a organismos como Turismo de Cataluña, mientras que Jordi Castells (ERC) destacó la "gran complejidad" de la información analizada, que dificulta "seguir la pista de algunas de las empresas estudiadas". Belén Pajares (PP) aseguró que el informe "no es completo" por la falta de información de la mayoría de los ayuntamientos.

Un portavoz de Indra aseguró ayer que las irregularidades advertidas "se deben a incumplimientos de la Administración, no de la compañía" y destacó que el importe de los contratos -35,6 millones de euros en el periodo analizado, de 1996 a 2002- suponen menos del 1% de la facturación del grupo Indra en dicho periodo.

La Sindicatura de Cuentas presentó también un informe de fiscalización sobre las actividades del instituto municipal Parques y Jardines entre 1997 y 2001. Los resultados del informe ya se conocían, pues la Sindicatura debería haberlo presentado hace casi un año. De los 101 contratos investigados, 100 contienen algún tipo de anomalía. Los grupos de la oposición, CiU y el PP, aprovecharon las irregularidades detectadas por la Sindicatura para arremeter contra los grupos del tripartito y contra la gestión municipal.