Los conservadores británicos quieren limitar los poderes del primer ministro

El nuevo líder del Partido Conservador británico, David Cameron, quiere que el Parlamento se haga con cuatro poderes que corresponden formalmente a la reina pero que en realidad recaen sobre el primer ministro, que los ejerce en nombre de la soberana. Algunos son accesorios, como el listado de personalidades que son condecoradas o premiadas con un título nobiliario. Otros tienen especial trascendencia en un país tan nacionalista como el Reino Unido: la firma de tratados internacionales. El tercero permite hacer cambios mayores en la estructura del Gobierno. Y el cuarto es, quizás, el más llamativo y el más cercano a la actualidad: poder para declarar la guerra.

La iniciativa de Cameron representa un paso más en su estrategia de arrastrar a su partido al centro ocupado desde 1997 por el Nuevo Laborismo de Tony Blair. Al margen de la personalidad de sus líderes, los tories no han logrado convertirse en una alternativa de poder porque las clases medias les perciben como una fuerza demasiado escorada a la derecha.

Cameron, que ya ha abrazado la cultura de la diversidad étnica, la ecología y la defensa de los servicios públicos, ha entrado en un terreno en el que difícilmente entraría el ala tory más conservadora: los poderes de la reina. A fin de cuentas, se supone que son los conservadores los que defienden una monarquía que representa los valores tradicionales de la Inglaterra imperial. Pero lo ha hecho con prudencia. No ha querido tocar el derecho de la reina a disolver el Parlamento y a nombrar al primer ministro. Tampoco se ha referido a uno de sus más controvertidos poderes, delegado en el primer ministro: nombrar al arzobispo de Canterbury. La reina es la "defensora de la fe y jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra", un anacronismo en un país que defiende la igualdad de sus ciudadanos sin distinción de creencias religiosas y con un Gobierno que está empeñado en integrar a sus ciudadanos de fe musulmana, que en el censo de 2001 representaban el 2,7% del total.

Más que la reina, el objetivo de Cameron es Blair, que en 2003 aceptó, tras una enorme presión popular y mediática contra la invasión de Irak, que ésta fuera sancionada antes por el Parlamento.