El fiscal remite al juez el caso de los refugios de la Guerra Civil en Almería

El fiscal de Medio Ambiente de Almería ha remitido las diligencias de investigación relativas a las obras de rehabilitación y acceso a los refugios de la Guerra Civil en Almería al juzgado para la incoación de un procedimiento penal. El grupo socialista en el Ayuntamiento considera que el fiscal da la razón al PSOE, que denunció las presuntas irregularidades en dicho expediente. El PSOE exigió al alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), la destitución del edil de Turismo, Miguel Cazorla (Grupo Independiente por Almería, Gial) al considerar que podría tratarse de un delito de prevaricación.

La Fiscalía investigaba las obras de los refugios desde julio de 2005, tras un escrito presentado por la Delegación de Cultura. Los socialistas comparecieron ante el Ministerio Fiscal aportando información sobre las irregularidades administrativas. El PSOE remitió a la Fiscalía los documentos por la denuncia que la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía realizó en relación a los daños que las obras de los refugios produjeron a la muralla califal y por el hecho de que la obra se hubiera iniciado sin adjudicar previamente.

Indemnización al quiosco

Además se remitió información por el convenio "irregularmente firmado" por el concejal Miguel Cazorla con el propietario de un quiosco por el que el edil se comprometió, en nombre del Ayuntamiento, a pagar una indemnización diaria al propietario de 300 euros hasta la finalización de las obras de rehabilitación y acceso al refugio ubicado bajo el quiosco.

Para los socialistas las decisión de la Fiscalía compromete a Luis Rogelio Rodríguez-Comendador: "El alcalde está en un callejón bastante complicado toda vez que, de no depurar responsabilidades, las consecuencias pueden ser muy graves para este gobierno, del PP", indicó el concejal socialista Juan Carlos Usero.

El edil aseguró que el alcalde de Almería podría estar participando de estos mismos hechos y podría quedar implicado "en la misma responsabilidad" que pudiera corresponder al concejal de Turismo.

Por su parte, la concejal socialista Pilar Navarro destacó el hecho de que el fiscal haya decidido remitir a un juzgado el expediente en lugar de archivar la causa. "Esto significa que ha visto indicios claros de delito penal en este expediente de los refugios de la Guerra Civil. Mi grupo no quiere aventurarse a establecer un juicio previo, aunque en su día el PSOE señaló que se podía haber dado un delito de prevaricación, además de otros posibles", dijo.

La decisión de poner en valor los refugios antiaéreos proyectados en el año 1937 se tomó en diciembre de 2004. Miguel Cazorla explicó entonces que la intención del Ayuntamiento era utilizar ese recurso "como lo hacen en ciudades como Berlín o Cartagena". El proyecto consta de tres partes. La primera consiste en limpiar y remodelar los bancos donde los refugiados se sentaban a esperar el cese de los bombardeos y que supuso al Consistorio pagar una multa de 120.000 euros por ocasionar destrozos en la muralla califal. La segunda fase, la iluminación de las galerías, es la que se está llevando a cabo en estos días. Por último, en una tercera, el Ayuntamiento tiene previsto recrear alguno de estos refugios con imágenes e incluso sonidos de lo vivido en esas profundidades.