Jueces temen un efecto llamada tras la indemnización por la retirada de dos niños

El coordinador de Jueces para la Democracia, José Manuel Balerdi, señaló ayer que el auto del pasado 30 de diciembre dictado por la Audiencia de Sevilla que establece la indemnización por parte de la Junta de Andalucía de 1.400.000 euros en el caso de la retirada de dos niños "crea un efecto llamada en muchas personas que durante estos años se han podido sentir perjudicadas por actuaciones de la Junta en materia de protección de menores".

Balerdi manifestó que, a su juicio, "éste es el inicio inevitable de numerosas reclamaciones, fruto del precedente que se ha sentado con esta sentencia judicial". El coordinador de Jueces para la Democracia hacía referencia con sus palabras a la petición de la trabajadora de Lipassam Carmen Espejo de reclamar una cantidad "muy importante" de dinero a la Junta de Andalucía. Espejo basa su petición en el hecho de que el Gobierno autonómico le retirase la custodia de sus dos hijas, de cuatro y cinco años de edad, alegando una minusvalía psíquica que la incapacitaba para su crianza.

Asimismo, el coordinador de Jueces para la Democracia indicó que no le cabe duda de que, "en los últimos años, han sido muchos los supuestos de intervención de la Junta en protección de menores realmente problemáticos y muy cuestionados".

Criterios de la Junta

En este sentido, Balerdi aseguró que, en numerosas ocasiones, desde Jueces para la Democracia se han mostrado críticos con los criterios que se han venido utilizando desde la Junta de Andalucía en estos temas de protección. El coordinador de Jueces para la Democracia argumenta que "se han adoptado resoluciones que son irreversibles frente a situaciones de padres biológicos que sí son reversibles".

De este modo, José Manuel Balerdi consideró que la mayoría de los perjudicados por sentencias judiciales "antes de este precedente no asociaban ese perjuicio con reclamaciones económicas, por lo que ahora, que tienen conocimiento de ello, se abre la vía para este tipo de reclamaciones". Sin embargo, el coordinador de Jueces para la Democracia matizó ante la posible apertura de una vía para estas reclamaciones: "Esto no quiere decir que todas se reconozcan".

Por otro lado, el coordinador de Jueces para la Democracia destacó que la decisión de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía de recurrir al Tribunal Supremo la sentencia en el caso "es una posibilidad legal que tienen todos los que no estén de acuerdo con las resoluciones que se dictan y más aún cuando está siendo cuestionado públicamente el criterio de la resolución".