El pleito sobre el 'Prestige' en EE UU le ha costado 1,3 millones al Gobierno

El intento de la Administración vasca de obtener una millonaria indemnización a la americana por los daños ocasionados por la marea negra del Prestige le ha terminado saliendo caro a las arcas públicas. El Gobierno, que ha desistido de la demanda civil presentada en EE UU contra la sociedad clasificadora -American Bureau of Shipping (ABS)- que certificó la seguridad del buque tras su última gran reparación en 2001, ha tenido que pagar 1,6 millones de dólares (1,32 millones de euros) a la firma de abogados de Houston (Texas) que le llevó el caso hasta febrero del año pasado. Fuentes del Ejecutivo no supieron precisar si, además de esa cantidad para liquidar su contrato, se abonó inicialmente alguna otra en concepto de provisión de fondos. No obstante, indicaron que, de haber existido un pago anterior, éste sería "de escasa cuantía".

Las relaciones del bufete Strasburger and Price LLP (S&P) con las administraciones vascas -en la demanda el Gobierno estaba acompañado por las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, también afectados por el fuel que vertió el petrolero hundido en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas- quedaron formalizadas mediante contrato el 6 de mayo de 2003.

Sin embargo, durante los meses previos, el Gobierno había analizado con varios bufetes internacionales -entre ellos S&P, que se publicita como el más importante desapcho de abogados del suroeste de Estados Unidos-, la viabilidad de una reclamación por la vía civil (la causa penal por el naufragio se tramita en el juzgado de la localidad coruñesa de Corcubión) contra la sociedad norteamericana que certificó que el Prestige tenía buenas condiciones para navegar. Las instituciones vascas se adelantaron en ocho días con su demanda en Houston a la presentada por el Gobierno española en Nueva York (en ambas ciudadas tiene sede ABS). Primero reclamaron "no menos de 50 millones de dólares" por los daños sufridos y posteriormente presentaron un segunda demanda por 300 millones de dólares (236 millones de euros).La retirada del Gobierno vasco del litigio iniciado contra ABS, que ahora sigue en solitario la Administración estatal en un juzgado federal de Nueva York, es consecuencia del acuerdo alcanzado entre los ejecutivos central y autónomo sobre la compensación por los gastos de limpieza del fuel del Prestige en las costas de Vizcaya y Guipúzcoa.

El pasado octubre se firmó finalmente el acuerdo por el cual la Administración vasca recibió un reembolso de 45,6 millones de euros. A cambio, se comprometió a "liquidar su presencia" en las demandas planteadas en Estados Unidos contra ABS y sus filiales por presunta negligencia al certificar la seguridad del petrolero accidentado. Primero las presentó en Houston (Texas), pero el juez dictaminó que el caso se trasladase al juzgado de Nueva York que ya tramitaba la demanda presentada en esa ciudad por el Gobierno central.

Además de costarle 1,32 millones de euros, la salida de la aventura judicial estadounidense ha estado a punto de resultarle traumática al Ejecutivo vasco. Al bufete de abogados contratado, que, como es habitual en Estados Unidos, había pactado recibir un tanto por ciento de la indemnización que se consiguiera, no le agradó que su cliente se retirase del pleito. S&P presentó al Gobierno una factura por honorarios y gastos muy elevada, que éste no aceptó al considerarla "exhorbitante". En respuesta, la firma presentó el 20 de diciembre pasado una reclamación ante el juzgado de Nueva York que lleva el caso, solicitando que ordenara un arbitraje obligatorio ante el colegio de abogados de Houston sobre las diferencias suscitadas.

Entre otros extremos, el socio de S&P William Mahley acusaba en su escrito

a las instituciones vascas de incumplir lo firmado en el contrato y negarse a pagar durante casi dos años los gastos realizados por la firma y sus honorarios. Así mismo, solicitaba al juzgado que, mientras no se produjera el arbitraje, ordenase paralizar cualquier pago por parte del Reino de España a sus ex clientes, al entender que S&P tenía derecho a recibir una parte de los 45,6 millones de euros abonados por el Gobierno central a la comunidad autónoma.

Porcentaje pactado

Esta pretensión se fundamentaba, según el texto de la reclamación, en un punto del contrato en el que las instituciones vascas acordaron pagar al bufete "una cantidad en dólares igual a un porcentaje de todo el dinero, propiedades u otras ganancias financieras" obtenidas en el litigio, "sin tener en cuenta si se han conseguido a través de acuerdo, sentencia o por otras vías". S&P sostenía que, en virtud de ese acuerdo, le correspondía un tanto por ciento de la compensación de 45,6 millones de euros (en su escrito habla de 51,5 millones) obtenida por las instituciones vascas del Gobierno central por los gastos de la limpieza del fuel vertido por el Prestige. El bufete no especificaba cuál era el porcentaje pactado, pero se ofrecía a mostrar el contrato al juez en la vista oral solicitada. Tampoco el Ejecutivo de Vitoria ha querido aclarar este extremo, aunque fuentes jurídicas aseguran que la cantidad pactada era un 25%, por lo que la cifra pretendida por S&P ascendía a 11,4 millones de euros, además de sus gastos y honorarios.

El Ejecutivo resta importancia, sin embargo, a este desencuentro, alegando las "peculiaridades" del sistema legal estadounidense, en el que las indemnizaciones millonarias por accidentes están a la orden del día y los abogados demandantes van a porcentaje. El mes pasado, dos semanas después de presentarse la reclamación de S&P, el Gobierno y el bufete arreglaron "amistosamente" sus diferencias sobre el contrato suscrito, debidas, según un portavoz del Ejecutivo "a la lectura que unos hacían desde premisas del Derecho norteamericano y otros desde el Derecho europeo". "Solventadas las mismas", agregó, "el Gobierno vasco ha abonado 1,6 millones de dólares al citado bufete, agradeciéndole los servicios prestados a las instituciones vascas en los Estados Unidos".

La opinión de expertos en asuntos jurídicos consultados es que el Gobierno "no ha estado bien asesorado en este caso". "Era muy improbable que una comunidad autónoma sacara algo en limpio demandando en Estados Unidos a la sociedad clasificadora del Prestige. Al final", apunta un letrado especializado en Derecho Internacional, "quien ha salido ganado han sido los abogados americanos, que se llevan más de 200 millones de las antiguas pesetas".