Desgobierno en el litoral

¿Es sensato dejar sin respuesta las iniciativas que pretenden llevar hasta sus últimas consecuencias la urbanización masiva del litoral? ¿Es razonable disentir del proceso, aunque exista una potente demanda inmobiliaria, sirva para impulsar, aún más, el pujante sector promotor / constructor, y esté amparado por un amplio número de ayuntamientos y algunas regiones que han decidido sumarse al nuevo boom urbanístico?

¿Dónde están, más allá de evaluaciones de corto plazo, los análisis científicos, los debates parlamentarios o la convicción ciudadana, que avalarían que ésa es la opción estratégica más interesante para el futuro de este país y su litoral? ¿Cómo es posible que ante el inexplicable silencio de nuestras principales instituciones regionales y nacionales, haya tenido que ser el Parlamento Europeo quien levante su voz denunciando los desmanes en nuestras costas?

El Gobierno, hasta ahora silencioso, debería liderar un discurso innovador sobre el litoral y su futuro

Además de exigir un debate serio, conviene explicitar algunas de las contradicciones del "crecimiento ilimitado" en una costa que, en su tramo mediterráneo, tiene ya el 34% de su primer kilómetro ocupado por las urbanizaciones.

Primero, la extraordinaria dimensión del expansionismo inmobiliario. Los números cantan: el 67% de la cifra récord de 739.000 vivienda proyectadas en 2004 en el país se localiza en las regiones del litoral, y este porcentaje se elevaría al 79% si nos refiriéramos al total edificado entre 1990 y 2000. Y lo peor está aún por llegar: los compromisos de nuevo crecimiento incluidos en el planeamiento municipal podrían multiplicar por tres la capacidad de alojamiento existente.

Segundo, el desbordamiento de la capacidad de carga de los ecosistemas costeros y de la demanda de servicios ambientales. Lógicamente, la magnitud del crecimiento urbanístico está terminando de laminar los pocos ecosistemas costeros que aún quedaban. Si en tierra siguen desapareciendo las redes hídricas, los sistemas dunares, los forestales y se amplía la erosión del suelo, la evolución de las dinámicas y sistemas marinos, no por desconocida, es menos preocupante, mientras la carga ambiental demandada por el consumo de suelo, agua, energía y la generación de residuos y emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, resulta, sencillamente, inviable.

Tercero, la pérdida estratégica de competitividad, rentabilidad socioeconómica y de calidad de vida. Porque se olvida que la congestión urbanística opera como un factor clave de pérdida de competitividad y calidad de vida. Hoy se reconoce que un porcentaje significativo de residentes y turistas, lógicamente el más exigente y rentable, está perdiendo interés en nuestro litoral, mientras que el proceso inmobiliario no sólo succiona importantes inversiones de otros frentes clave para la competitividad estratégica del país, sino que, una vez superada la fase de construcción, ofrece una proyección socioeconómica devaluada por el peso determinante de una segunda residencia de escasa rentabilidad por su baja ocupación anual y gasto diario. Y por último, la espinosa cuestión de la financiación de los municipios turísticos. Tema indiscutiblemente real por la diferencia entre población censada y servida, pero que está siendo utilizado para justificar ante la opinión pública unas políticas urbanísticas expansivas y contraproducentes, en cuanto no hacen sino multiplicar hacia el futuro el desfase poblacional y el crecimiento de los servicios deficitarios.

Todo indica que hay que pensar en nuevos paradigmas en los que la cuestión de la sostenibilidad y los límites de la capacidad de carga de los sistemas costeros se planteen como requisito fundamental. Porque sólo así será posible pensar en estrategias de valorización capaces de optimizar la calidad y rentabilidad integral de nuestras costas.

Estas nuevas formulaciones, en contra de lo que se dice, también consiguen el imprescindible respaldo ciudadano, poniendo así en evidencia a quienes justifican sus políticas expansivas basándose en unas presuntas demandas sociales inconmovibles. Eso sí, agrupar mayorías sociales en torno a las nuevas políticas requiere lucidez y coraje institucional, mucha información y amplio diálogo con los actores empresariales y sociales.

Una referencia muy significativa; Exceltur, la principal asociación empresarial turística, acaba de realizar un lúcido estudio en el que aboga por el cambio de modelo en la costa. Y en los territorios regionales, desde los primeros pasos de Baleares, se han producido experiencias innovadoras. En Canarias, las nuevas Directrices Generales y del Turismo (2003) suponen un auténtico hito, y en Catalunya, el Plan litoral (2005) ha empezado por sustraer 23.500 hectáreas del proceso urbanizador.

En la escala local, Calviá y su Agenda Local (1995-2002) desclasificaron más de 1.200 hectáreas de suelo, apostando por la rehabilitación integral del patrimonio edificado. El Plan Territorial de Menorca (2004) ha desclasificado unas 60.000 plazas turísticas y ha establecido un amplio acuerdo limitando al 1% interanual el crecimiento insular. Y en Lanzarote, en defensa del sistema insular, se han desclasificado, con amplio respaldo popular, más de 200.000 plazas turísticas desde 1991.

El tema merece la atención del presidente de un Gobierno, hasta ahora silencioso, que debería liderar un discurso y una política innovadores sobre el litoral y su futuro. Y el tema merecería ser tratado, también, en la reunión de presidentes autonómicos para concertar posiciones y lanzar propuestas políticas y legislativas en los Parlamentos que permitieran contener los crecimientos inmobiliarios previstos y crear un espacio para el debate social sobre las mejores opciones para el litoral.

En ese marco, hay que tantear las oportunidades que ofrece la nueva legislación sobre el régimen local o del suelo, así como el posible reforzamiento del campo de acción parlamentario sobre la materia. Complementariamente, también podrían adoptarse algunas medidas tendentes a formular una nueva "cultura sobre el litoral": la elaboración de un Libro Blanco, la creación de un observatorio y de redes de conocimiento y cooperación, así como la concreción de compromisos, también compartidos, en torno al desarrollo de operaciones de rescate, rehabilitación y revalorización integral en zonas clave.

Porque no conviene engañarse; si no se reconducen a tiempo las estrategias vigentes, los impactos acumulados en el tiempo serán más extensos y estructuralmente más destructivos que los generados por casos como el Prestige, ya que, en esta ocasión, será prácticamente imposible rectificar a posteriori sus efectos demoledores.

Fernando Prats Palazuelo es arquitecto urbanista y director de la Agenda Local 21 de Calvià, de la Estrategia Lanzarote en la Biosfera y de la Estrategia Turística-Territorial del entorno de Doñana.