Criterios para indemnizar

Me llaman la atención los criterios tan dispares que emplea la justicia a la hora de ordenar indemnizaciones. Comparemos dos casos recientes:

Uno, la mujer andaluza a la que habían quitado sus hijos por ser alcohólica. Los dan en adopción a una familia. Ella supera su adicción y pide que se los devuelvan. El juez no accede, argumentando que no es bueno para los niños apartarles de su familia adoptiva, en la que están ya integrados. Se supone que está asesorado por profesionales expertos para tomar esta decisión. Usa el mismo argumento que se emplea a diario para denegar a muchos hombres la custodia compartida: "Hay que buscar siempre lo mejor para los niños".

Sin embargo, la Audiencia de Sevilla sentencia que le sean devueltos los hijos a la madre natural y que además sea indemnizada con ¡1,4 millones de euros! (unos 240 millones de pesetas). Para la Audiencia no valió dicho argumento.

El otro caso: la tragedia del cámping de Biescas, en la que murieron 87 personas y cuya sentencia salió en diciembre. Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón son condenados a pagar solidariamente 11,2 millones de euros a 62 víctimas mortales. Tocan a 180.000 euros cada una (30 millones de pesetas).

En el segundo caso se indemniza la pérdida del bien jurídico más importante, que es la vida. En el primero se indemniza a una mujer a la que la Administración apartó durante unos años de sus hijos y hasta hay serias y razonables dudas de que el apartamiento objeto de sanción fuese ilegal y, por tanto, proceda otorgar alguna compensación.

Creo que las compensaciones deben ser proporcionales al daño causado y ser estipuladas a priori para cada tipo de delito. Si no es así, la justicia está cometiendo una injusticia.