Justicia niega el indulto al testigo protegido que evitó el asesinato del fiscal antidroga

El Gobierno ha negado el indulto al testigo protegido 33-R, cuya colaboración permitió desmantelar la trama que urdió desde la cárcel el abogado y narcotraficante Pablo Vioque para asesinar al fiscal antidroga Javier Zaragoza. El fiscal que investigó este caso, Pedro Martínez, ha elevado un escrito al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el que se queja de la denegación del indulto por parte del Ministerio de Justicia a este testigo y aboga por una modificación legal que acabe con "el desamparo" que, opina, padecen muchos testigos de este tipo.

Un portavoz del Ministerio de Justicia confirmó la denegación del indulto y recordó que el tribunal que le juzgó de la Audiencia Nacional no había apoyado la medida de gracia. Añadió que el propio testigo, en el escrito en el que solicita el indulto, sólo describe "de forma muy somera" su labor. Sobre el testigo 33-R pesa una condena de cuatro años por haber introducido dolares falsos en España.

El fiscal del caso Vioque, Pedro Martínez, en la actualidad teniente fiscal del Tribunal Superior de Madrid, ha elevado un escrito al fiscal general en el que recuerda la labor que realizó el testigo 33-R y pide que se le indique la conveniencia de reiterar la petición de indulto. Martínez asegura que el plan de asesinar al fiscal Zaragoza y otras tres personas estaba previsto "para los primeros días de 2003", poco antes del inicio de un juicio por narcotráfico contra Vioque, cuya investigación impulsó Zaragoza. Recuerda que el entorno de Vioque ideó traer a un sicario a España desde Colombia para ejecutar estas muertes, pero que éste falló y que entonces contrataron al testigo 33-R. Pero éste, en lugar de cometer los crímenes, decidió colaborar con la Guardia Civil. "No se limitó únicamente a narrar la forma en que contactaron con él y cuál era el objetivo de la trama (...), sino que siguió colaborando con los agentes, fingiendo que aceptaba el encargo y asumiendo de esta forma un importante riesgo personal". Ello evitó que la banda "buscara otro sicario para cumplir el criminal propósito". Además, declaró en el juicio contra Vioque y ello permitió imponerle una condena de siete años y seis meses de cárcel por un delito de conspiración para el asesinato.

Martínez señala que al testigo se le prometió el indulto. "Se le dijo que no ingresaría en prisión, y de hecho no ingresó, y se le sugirió que solicitase el indulto, lo que hizo, y el tribunal, con la aquiescencia del fiscal, procedió a suspender la ejecución de la pena durante la tramitación del indulto; ignoramos que sucedió después", destaca el fiscal. "El tribunal resolvió el indulto un año después, pero con un ponente de la causa distinto de los que le juzgaron", señalan fuentes judiciales.

En su escrito a Conde-Pumpido, el teniente fiscal de Madrid se queja: "La postura del Gobierno

[denegando este indulto] produce desasosiego en todos aquellos que desde la policía o la justicia combatimos la plaga de organizaciones criminales que nos invade". Martínez asegura que la labor de los testigos protegidos "es esencial" para acabar con las bandas "de delincuentes juveniles o mafias que realizan sus negocios en España y que difícilmente, por no decir [de manera] imposible, pueden ser combatidas sin la colaboración de testigos y víctimas". Y concluye defendiendo de nuevo el indulto para el testigo: "Ha asumido riesgos personales que habrían echado por tierra al mejor plantado". "Y además, su vida corre peligro si entra en prisión: dos meses antes del juicio contra Vioque alguien puso un explosivo en el buzón de su vivienda".