El Estatuto coge cuerpo

El borrador de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía amplía los seis títulos actuales a 10 y pasa de tener 75 artículos a 216. Estos son los principales contenidos del texto base.

- Título preliminar. Disposiciones generales. Se mantiene la definición actual de nacionalidad, a la que se le añade el calificativo de histórica. La redacción de este artículo no se ha modificado y su lectura es tortuosa. IU y PA mantienen que Andalucía es una nación. Los andalucistas también sostienen que el día de Andalucía debe ser el 4 de diciembre en vez del 28 de febrero. Entre los objetivos de la comunidad se incluye el de la democracia paritaria. El PP pide su supresión. Se mantiene la referencia a la reforma agraria.

- Título I. Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas. Es de nueva creación. Se incluye una detallada lista de derechos, ya previstos en la Constitución, a la que el PP ha presentado numerosas redacciones alternativas. El texto reconoce el derecho a morir dignamente. El PP propone su supresión. La creación de un sistema público de servicios sociales, el derecho a una renta básica y a recibir tratamiento médico "en un plazo máximo". El texto declara que la enseñanza pública es laica, sin perjuicio de que los alumnos podrán recibir enseñanza religiosa.

- Título II. Competencias. Este apartado ha sido pactado por PSOE, IU y PA, aunque estos últimos mantienen votos particulares. Las competencias se clasifican en tipologías (exclusivas, compartidas y ejecutivas). Se ha incluido la competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El PP duda de su constitucionalidad. Se prevé la potestad de transferir competencias a los ayuntamientos, una referencia que los populares ven "claramente insuficiente". IU también manifiesta reserva. Se establece la participación de la comunidad en la fijación de los contingentes de inmigrantes. La comunidad tendrá la competencia exclusiva en la regulación de las cajas de ahorro con domicilio en Andalucía. El PP afirma que "no es posible". También se califica de exclusiva la convocatoria de consultas populares, salvo el referéndum. IU quiere eliminar este inciso. La convocatoria de consultas también se incluye entre las funciones del presidente de la Junta en otro título. El PP cree que no es constitucional. Se establece la participación de la Junta en la designación de los miembros de órganos estatales como, entre otros, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la de las Telecomunicaciones. El PP también duda de su constitucionalidad. En una disposición adicional, el borrador establece la delegación a la comunidad de cinco competencias estatales mediante el artículo 150.2 de la Constitución (Guadalquivir, puertos y aeropuertos, servicio meteorológico, tráfico y seguridad vial y archivos, museos y bibliotecas). IU y PA amplían a 11 el número de materias.

- Título III. Organización Territorial. De nueva creación. Se garantiza un "núcleo competencial propio" de los ayuntamientos pero sin definirlo. Se creará un fondo de nivelación municipal y se afirma que los municipios podrán participar en la recaudación de los tributos propios. Tanto IU como PP quieren que los compromisos con los ayuntamientos sean imperativos. Este será uno de los asuntos claves de discusión, ya que el PSOE se resiste a establecer con detalle la cesión de poder y recursos a los ayuntamientos. Se elimina la referencia a que las comarcas deben pertenecer a una misma provincia. IU quiere suprimir las referencias a las diputaciones, y el PA, reducirlas "al mínimo constitucional".

- Título IV. Organización Institucional. Alude al Parlamento, el presidente de la Junta, la elaboración de las normas y el Consejo de Gobierno. Se contempla la posibilidad de dictar decretos legislativos y decretos-leyes y la convocatoria anticipada de elecciones (que ahora regula una ley). La oposición limita el mandato del presidente en dos legislaturas. También defiende que se incluya la celebración en solitario de las elecciones andaluzas. IU y PA reclaman ampliar el número de escaños del Parlamento. En el primer caso entre 109 y 141; el segundo, entre 135 a 160.

- Título V. El Poder Judicial. Se contempla la creación del Consejo Andaluz de Justicia y considera al TSJA como máxima instancia. Toda la redacción remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente en tramitación, para adecuarse a ella. En los nombramientos del presidente y del fiscal jefe del TSJA "será oído" el Parlamento de Andalucía. El PP elimina las referencias a la Cámara autonómica, mientras IU reclama más poder de decisión.

- Título VI. Economía, Empleo y Hacienda. Este apartado es fruto del acuerdo entre PSOE e IU. Se recogen los principios de la financiación de la comunidad en el que se establece un listado detallado de 15 tributos cedidos; contempla la creación de una Agencia Tributaria andaluza que gestionará los tributos propios y cedidos. En cuanto a los del Estado podrá establecerse "un consorcio de participación paritaria". Se establece que la comunidad participará en la planificación de la inversión pública estatal y que podrá gestionar y modular los fondos europeos que reciba. En una disposición adicional, se establece que la inversión estatal "sea al menos equivalente al peso de la población andaluza" sobre el total de España. El PP plantea una reserva general. El PA, discrepancias puntuales.

- Título VII. Medio Ambiente. Es de nueva creció y ha sido pactado por PSOE e IU. Apuesta por hacer compatible la actividad económica con la calidad ambiental, velando porque los sectores productivos protejan de forma efectiva el medio ambiente. El PP suprime esta frase en su propuesta. Contempla una ley de fiscalidad ecológica preventivas, correctoras y compensatorias del daño ambiental. El PP no la contempla. Se apuesta por la utilización racional de los recursos y la lucha contra el cambio climático. Se defiende un uso racional del suelo urbano a fin de evitar la especulación urbanística y la configuración de áreas urbanizadas insostenibles.

- Título VIII. Medios de comunicación social. También es de nueva creación. El Partido Popular propone su eliminación. Se establece que la gestión de la radiotelevisión de Andalucía tiene carácter público, se contempla una ley de publicidad institucional, la elección del director de RTVA por el Parlamento y se recoge el Consejo Audiovisual.

- Título X. Reforma del Estatuto. Se mantiene como ahora. El PP quiere reforzar la mayoría cualificada necesaria para su aprobación en el pleno de tres quintos a dos tercios.