Las ocho familias 'okupas' de Valdetorres desalojan las viviendas sociales del Ivima

Las ocho familias que el pasado viernes ocuparon unas viviendas sociales en Valdetorres del Jarama finalizaron ayer su protesta. Los vecinos abandonaron a última hora de la tarde las casas que habían tomado, después de que el alcalde, Antonio Sánchez, les comunicara que había alcanzado un acuerdo con el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) para adjudicar los pisos antes de tres meses. Esas ocho y otras 24 viviendas sociales de Valdetorres llevan seis años construidas sin ser adjudicadas. Todas las familias okupas habían solicitado una de las casas ante el Ayuntamiento.

Las ocho familias que la madrugada del pasado viernes tomaron las viviendas sociales de Valdetorres del Jarama decidieron ayer poner fin a su protesta. El alcalde de Valdetorres, el independiente Antonio Sánchez, y el director gerente del Ivima, Domingo Menéndez, alcanzaron un acuerdo para adjudicar las viviendas en un plazo de tres meses. El pacto incluye una modificación de los criterios de asignación, para favorecer a los habitantes de Valdetorres y evitar que el concurso quede desierto, como ocurrió la vez anterior.

"Queremos que estas familias entren en el sorteo. Les facilitaremos la documentación necesaria y les ayudaremos, siempre que abandonen voluntariamente las viviendas ocupadas", explicó ayer un portavoz del Ivima. El mismo portavoz precisó: "O el Ayuntamiento ejecuta el acuerdo de compraventa y las adjudica, o lo haremos nosotros. Pero no construimos viviendas para que estén vacías".

Cuando el alcalde comunicó la noticia a los okupas, algunos se emocionaron. Otros afirmaban que, después de la protesta y el riesgo que habían asumido, esperaban obtener una casa directamente. "Llevo mucho tiempo esperando para lograr una casa, y ahora otra vez a esperar el bombo. Es injusto", se quejaba Pilar Morales, de 36 años, una de las okupas.

Las ocho familias habían recibido una notificación del Juzgado de Instrucción número 5 de Torrejón que les instaba a desalojar las viviendas antes del mediodía de hoy. Los vecinos habían manifestado su intención de acatar la orden judicial, pero para continuar con la protesta habían empezado a instalar dos tiendas de campaña a pocos metros de las casas. "Yo no me iré de aquí hasta que me den un papel firmado diciendo que podemos acceder a una vivienda", decía Pilar Morales.

Pili, como la llaman sus cuatro hermanos, que han ocupado junto a ella otras tantas casas del Ivima, vive en un pequeño almacén de herramientas remodelado, de poco más de 50 metros cuadrados, y a menos de 100 metros del río Jarama. "Alguna vez han venido a rescatarnos por las subidas del río", recuerda Pili, que tiene dos hijos menores.

"Es una forma de protesta, no una ocupación", repetían las ocho familias que la madrugada del pasado viernes se adueñaron de las casas. "Lo hacemos por nuestros hijos", apuntaba Yolanda Morales, de 32 años.

El Ayuntamiento de Valdetorres se ha comprometido a pagar al Ivima 1,4 millones de euros por las 32 viviendas y los 55 garajes. Si no lo hace antes de tres meses, será el propio organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el que las asigne.

Entre los nuevos requisitos se prevé rebajar a dos los años de residencia o trabajo en la localidad para poder acceder a una de las viviendas sociales. También se reducirá el número de hijos necesarios para poder entrar en el sorteo. Con esto, el Ayuntamiento intentará favorecer a estos vecinos.

Las 32 casas sociales de Valdetorres del Jarama, en la calle de Alcobendas, forman parte de la primera fase de viviendas proyectadas por el Ivima en la localidad madrileña. El proyecto se inició en 1991, cuando el Ayuntamiento de Valdetorres acordó en pleno municipal ceder los terrenos al organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la construcción de estas viviendas.

En 1999 salió a concurso la adjudicación de las 32 viviendas. Seis años más tarde, aún no se han adjudicado.