Una juez ordena el desalojo de los nueve pisos sociales ocupados por la fuerza en Valdetorres

Las nueve familias que el pasado viernes irrumpieron en otros tantos pisos sociales desocupados en Valdetorres del Jarama tendrán que desalojarlos en dos días, según un auto dictado ayer por una juez de Torrejón de Ardoz. Los 40 okupas, entre los que hay 18 niños, son vecinos de Valdetorres: gente con pocos recursos que, hasta ahora, vivía hacinada con otros familiares o de alquiler a precios por encima de los 600 euros al mes. Y aseguran que no piensan moverse de los pisos ocupados. Aún quedan 23 casas vacías, y otras 18 familias aguardan una oportunidad para ocuparlos.

La juez de instrucción número 5 de Torrejón de Ardoz, Gemma Susana Fernández Díaz, ordena el desalojo de las nueve viviendas ocupadas. Los vecinos tienen dos días para dejar los pisos: lo pueden hacer voluntariamente u obligados por la Guardia Civil. El auto reconoce que los okupas vivían antes en pisos en malas condiciones o afrontando un alquiler desproporcionado a sus ingresos. Hay cuatro familias que hasta ahora han vivido en unas casas a 40 metros del río Jarama, en condiciones insalubres.

"Sin embargo, aun conociendo esa situación de necesidad que les ha podido llevar a ocupar las viviendas vacías, el derecho no puede amparar la ocupación de unos inmuebles de propiedad ajena", señala el auto. La juez insta al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y al Ayuntamiento de Valdetorres a que adopten "las medidas necesarias para dotar a sus vecinos de una vivienda digna, máxime cuando el Ayuntamiento tiene perfecto conocimiento de la situación en la que se encuentran las viviendas cercanas al río".

Los vecinos, con el auto en la mano, aseguran que no se piensan mover de los pisos. Y hay otras 18 familias que, viendo el ejemplo de la avanzadilla, están dispuestas a ocupar las viviendas que continúan vacías. "De aquí no nos movemos. Estamos dispuestos a pagar un alquiler para quedarnos", explicó ayer Jesús Morales, uno de los nuevos habitantes. Los 32 pisos sociales -de los que nueve han sido ocupados ilegalmente- fueron construidos por el Ivima hace seis años, junto a otra promoción de 24 viviendas, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Valdetorres.

La promoción de 24 pisos fue adjudicada por el Gobierno regional a vecinos del municipio; pero para los 32 pisos siguientes no hubo suficientes solicitudes de gente del pueblo, así que quedaron desocupados. Los okupas de ahora habían hecho sus peticiones de vivienda al Ayuntamiento de Valdetorres, pero desconocían que tenían que hacerlo ante el Ivima. El Consistorio y el Ivima entraron en negociaciones para que el primero comprase las viviendas y pudiese así adjudicarlos, pero no se llegó a ningún acuerdo por la fuerte deuda que arrastra el Consistorio.

"Hace un año pregunté en la Asamblea al gerente del Ivima, y me contestó que el asunto se estaba solucionando. Entre el Ayuntamiento de Valdetorres y el Ivima se han ido pasando la pelota... y al final 32 pisos llevan vacíos seis años", concluyó Antonio Fernández Gordillo, diputado del PSOE en la Asamblea. Ana Isabel Aguado, concejal socialista en Valdetorres, visitó ayer a los okupas.

La primera teniente de alcalde, María del Carmen Moreno, también se acercó a los pisos, pero no quiso hacer declaraciones. El alcalde, el independiente Antonio Sánchez Corral, pasa el fin de semana en Oropesa del Mar (Castellón).