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Reportaje:JUSTICIA

Francia asedia al tenebroso juez del 'caso Outreau'

Todo empezó hace cinco años, en febrero de 2001, en un pueblecito del norte de Francia llamado Outreau, cuando la policía detuvo a un matrimonio acusado de violar a sus hijos menores de edad. El terreno estaba abonado: pocos meses antes, la opinión pública digería malamente el relato de los terribles crímenes del pederasta belga Marc Dutroux. Un joven juez instructor debutante, Fabrice Burgaud, con cara de niño tímido y empollón, junto a la mente fantasiosa y enferma de Myriam Badaui, la madre abusadora detenida, se combinaron para poner en marcha uno de los desastres judiciales más dolorosos de los últimos tiempos en Francia.

A partir de las declaraciones de los dos detenidos y de sus hijos, Burgaud cree encontrarse ante el caso del siglo y detiene hasta 17 personas, acusadas no sólo de todo tipo de actos de pedofilia, sino incluso de asesinatos de bebés. Todo era falso. Sólo cuatro eran culpables. El resto ha pasado meses o años en las cárceles, insultados y maltratados como les sucede en las prisiones a los violadores de menores, hasta el punto de que uno de ellos se suicidó, y casi paralizados ante el absurdo de unas acusaciones sobre las que no sabían nada y frente a la cerrazón del juez, que descartaba todas las pruebas que pudieran poner en duda sus prejuicios.

Todo era falso. De los 17 acusados, sólo cuatro eran culpables. El resto pasó meses o años en la cárcel, tratados como violadores. Uno de ellos se suicidó

El pasado mes de diciembre, un tribunal de apelación les exculpó y se abrió la puerta por la que la sociedad francesa contempló con terror cómo funciona el mecanismo de la justicia y hasta qué punto los ciudadanos carecen de garantías respecto a la presunción de inocencia que debe prevalecer en cualquier proceso judicial en un Estado de derecho. La figura del juez de instrucción, dotado de un poder omnímodo sobre los acusados, que en realidad hace el papel de ministerio fiscal y de juez al mismo tiempo, es lo que más sorprende y lo primero que se plantean revisar los legisladores.

Comisión especial

En un ejercicio de transparencia, la Asamblea Nacional decidió crear una comisión especial sobre el caso Outreau para estudiar una reforma del sistema judicial, presidida por el socialista André Vallini e integrada por 30 parlamentarios, y escuchar públicamente a todos los implicados en audiencias retransmitidas por televisión desde la semana pasada; desde los acusados hasta sus abogados, pasando por las instancias judiciales, incluido el juez Burgaud, que deberá comparecer el 8 de febrero. Ese día estarán presentes las 13 personas cuyas vidas han quedado marcadas por sus decisiones, a las que, en un ejercicio de soberbia infinita, ya anunció en una entrevista publicada por el semanario L'Express la semana pasada, no piensa pedir perdón.

Pero difícilmente podrá escapar al relato de las desdichas que han relatado las víctimas de un sistema judicial que ha mostrado ahora demasiadas grietas y una tendencia claramente inquisitorial. Como recordaba uno de los abogados defensores, el juez, relatando uno de los interrogatorios, escribe en el sumario: "Dado que niega los hechos", en lugar de: "Se declara inocente". Y ésta parece ser una de las claves del desastre por la que todos ellos fueron enviados a pudrirse en la cárcel y uno de ellos decidió escribir una carta al juez confesando crímenes todavía más horribles que los que se le imputaban: si el acusado confiesa, sale en libertad, y si no lo hace, se le aplica la detención preventiva.

El acusado Alain Marecaux, antiguo ordenanza judicial, considera que el origen de la tela de araña en la que se vio envuelto está en las relaciones del juez Burgaud con la principal acusadora, Myriam Badaui, actualmente en prisión condenada por abusos sexuales, que se inventó toda la historia. "Para ser reconocida por este joven magistrado, ella le decía todo lo que él quería oír", explicó a los diputados. Marecaux, que el pasado lunes intentó suicidarse, y cuya vida está ahora completamente rota, mientras que uno de sus hijos, a los que no vio durante años, se ha convertido en un delincuente juvenil, pone como ejemplo que pidió en innumerables ocasiones que se aportaran al juicio sus agendas y sus libros de contabilidad, que demostraban que no podía haber cometido la mayoría de los crímenes que le imputaban porque en esas fechas estaba de viaje. Pero el juez lo rechazó en cada ocasión. Burgaud, explicó otro de los acusados, les decía: "Éste es el caso del siglo, o confiesas o no me hagas perder más el tiempo".

Sin pruebas

En ningún momento hubo ni la más mínima prueba. El juez estableció el principio de que todas las declaraciones de los niños de entre cuatro y seis años eran literalmente verdad, cuando ahora, repasando el sumario, se encuentran todo tipo de contradicciones, de vaguedades, como la de un niño que reconoce que "sólo vio una sombra". El país entero se hundió en la histeria porque en un momento dado se dijo que habían violado a un niño y que lo enterraron en el jardín, pero tras hacer excavaciones y no encontrar nada, ni tampoco existir ninguna denuncia sobre la desaparición de niños, la acusación de este crimen se mantuvo en el sumario. Badaui decía que "decenas de ingleses llegaban a su casa para violar niños", pero no se investigó si al pequeño pueblo habían llegado autocares llenos de ingleses.

Además de las acusaciones de Badaui, el juez se basó en los informes de los expertos psicólogos, cuyo fracaso estrepitoso es otra de las lecciones del caso Outreau. Todos los acusados, aseguraron los expertos, tenían trazos de abusadores y violadores, y todos los niños, de haber sido objeto de abusos. Los psicólogos disponían antes de la prueba una copia de proceso verbal, lo que viciaba la prueba. Uno de ellos, al ser preguntado por qué razón se había equivocado tanto, respondió: "Si se paga a los expertos como a las mujeres de la limpieza, se tienen informes de mujer de la limpieza".

Todos fueron culpables, menos la mayoría de los condenados

EL CULPABLE no es sólo el juez Burgaud, sino el sistema. Todos los controles fallaron; los tribunales que velaban por el funcionamiento de la instrucción del caso dejaron que siguiera adelante sin intervenir y sólo cuando algunos llevaban más de dos años en la cárcel y las contradicciones eran ya imposibles de esconder, el joven juez que creía haber dado con "el caso del siglo" fue apartado del mismo y la verdad empezó a salir.

Los letrados de la defensa cuentan ahora que el juez les consideraba como "intrusos" y desestimaba sus pruebas porque el sistema judicial francés ha tomado esta deriva. Uno de ellos, Hubert Delarue, dijo a los diputados: "Muchos de ustedes piensan equivocadamente que reduciendo nuestros derechos lucharán mejor contra la delincuencia y el crimen organizado. No lo crean". Pero los abogados no han centrado sus críticas en el juez Burgaud, aunque han pedido que en el juramento de los magistrados se incluya el "deber de humanidad", porque, como recordaba uno de ellos citando a Rabelais, "ciencia sin conciencia es la ruina del alma".

Los letrados han pedido a la comisión que desaparezca la figura del juez de instrucción, que se remonta a la época de Napoleón, a la que califican de "anacrónica e inquisitorial", al tiempo que denuncian que la mayor parte de los errores judiciales provienen de la instrucción. El ministro de Justicia, Pascal Clément, anunció poco después de las primeras sesiones que la reforma del sistema judicial francés tendrá lugar antes de las elecciones presidenciales de 2007 y reconoció que la supresión del juez de instrucción "merece ser examinada". Nadie cree, sin embargo, que en un año electoral se toque un asunto tan peliagudo.

El estamento judicial se siente muy incómodo en esta situación. Entre el segmento más conservador, la mayoría respalda el trabajo del juez Fabrice Burgaud y defiende el papel del juez instructor. Todo lo más, admiten, hay que reforzar el derecho a la presunción de inocencia. En el otro lado, los más progresistas quieren pura y simplemente que desaparezca esta figura central de la instrucción judicial. La transformación del juez en un árbitro entre la acusación y la defensa, como en el modelo judicial anglosajón, tiene también sus defensores.

Otra de las lacras que ha puesto en evidencia el caso Outreau es la incomunicación entre jueces y abogados. En Francia pertenecen a castas muy diferentes, sus carreras no son iguales. Los primeros consideran a los segundos unos ambiciosos que lo que quieren es ganar dinero, mientras que ellos se tienen por incorruptos servidores del Estado investidos de una autoridad y un poder enormes. La paradoja, por ejemplo, es que los jueces cobran mucho menos; algunos de ellos, cuando acceden a un tribunal de París, no pueden pagarse vivir en la capital y tienen que hacer cada día desplazamientos de hasta 60 kilómetros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 29 de enero de 2006

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