Debajo de la mesa

Modelo en muchas ocasiones de sensatez y buen juicio, a don Quijote se le iba un tanto la pinza cuando salían a relucir princesas y hechiceros. A partir de ese momento, dice Cervantes, el hidalgo "izquierdeaba" (2ª parte, cap. XXVI). Aclara en oportuna nota el profesor Francisco Rico: "Comenzaba a disparatar". A numerosos progresistas de nuestro país les pasa algo parecido: mantienen opiniones políticas y sociales razonables por lo general, pero "izquierdean" en el sentido cervantino del término cuando se trata de reivindicaciones nacionalistas y de la unidad del Estado de Derecho español (también suele pasarles al hablar de América Latina, pero eso lo dejaremos para otra ocasión). La razón de este chocante desvarío es el miedo a contagiarse de opiniones derechistas, reaccionarias, qué digo reaccionarias: neofranquistas y últimamente hasta golpistas. ¡Que no nos tomen el número cambiado! He hablado por ejemplo con intelectuales que no pierden ocasión para maldecir en los medios de comunicación la crispación instrumentada por el PP en lo tocante a la tramitación del Estatuto catalán: en privado consideran ese proyecto megalómano, abusivo, retrógrado y qué sé yo. Cuando entonces les sugiero que dejen oír también esas graves objeciones, responden: "No hay que darle armas a la derecha". ¡Vaya! Las armas de la derecha (que no hay que dar) se parecen mucho a las armas de destrucción masiva de Sadam (que nunca existieron): son el invento de una fe sectaria cuyo empecinamiento legitima mentiras, manipulaciones y atropellos. Y a fin de cuentas, como comprobamos en Irak y constatamos aquí, atraen sobre nuestras cabezas las peores amenazas que pretendían repeler.

En el País Vasco lo estamos viendo con dolorosa claridad. Sin duda, hay una cierta sobreactuación en medios conservadores para denunciar la "traición" gubernamental y su contubernio con la izquierda abertzale y hasta con ETA: la indignación anticipada es tanta que no sabe uno qué les quedaría por decir si -horresco referens- se confirmaran fehacientemente las peores expectativas. Por tanto, habría que rogar a los más vociferantes que, incluso si no quieren confiar en la buena voluntad de los políticos, lo hagan por lo menos en las instituciones del Estado de derecho, las cuales siguen funcionando más allá de componendas oportunistas como ha demostrado el excelente auto del juez Grande-Marlaska. En nuestro país, además de prebostes (ilustrados unos, iluminados otros y hasta achispados algunos más), existen y operan las leyes constitucionales. De modo que, por favor, bájense de la parra. Dicho lo cual, hay que reconocer que es sumamente irritante oír decir a personas de las que cabría esperar mejor criterio que quienes seguimos creyendo en la eficacia (y quisiéramos también creer en la vigencia) del Pacto Antiterrorista y, por supuesto, de la Ley de Partidos (en lo tocante a la ilegalización efectiva de Batasuna) somos todos ultras, franquistas o conspiradores deseosos de dar la vuelta a la tortilla gubernamental. A algunos no nos subleva ya que nos tomen por reaccionarios, pero no aguantamos que nos tomen por imbéciles. Sabemos que la Ley de Partidos no priva a nadie del derecho de asociación, aunque prohíba a todos -a Otegi, a mí y a usted- constituir partidos que en nombre de la política amparen y legitimen la guerra civil terrorista. Y estamos convencidos de que todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas (siempre que éstas no impliquen el exterminio del adversario al que no se logra doblegar), pero también de que no se puede a la vez y según convenga jugar en el plano de la palabra así como en el de la bomba.

¡Claro que queremos la paz! Pero no puede llamarse paz a cualquier cosa, como bien sabemos precisamente los que vivimos toda nuestra juventud en la paz franquista. No es desde luego paz una fementida "tregua" de ETA. La organización terrorista no está hoy en tregua, ni más corta ni más larga, sino en paro. La tregua es voluntaria, pero al paro le echan a uno..., aunque acepte de vez en cuando trabajos eventuales de mantenimiento. Quien ha enviado al paro a ETA no es sin duda Batasuna, ni ningún partido nacionalista vasco, sino precisamente los movimientos cívicos, el Pacto Antiterrorista, la Ley de Partidos, las medidas policiales y judiciales, así como la aparición de Al Qaeda. Es lógico que ETA intente cobrar el subsidio de paro en forma de premio político por una "tregua" más o menos imaginaria, pero el Estado democrático ni puede ni debe ceder ante esta exigencia de los terroristas desempleados: no les queda otro camino, antes o después, que deponer definitivamente las armas y confiar en la generosidad penal de quienes demasiado tiempo les han sufrido. Aunque aún esté en su mano darnos algún sobresalto a título póstumo, su ciclo criminal ha concluido..., si no se les reanima con alguna torpeza.

Tampoco es paz ceder el espacio social y político a quienes han adquirido una excesiva preponderancia social precisamente gracias a la amenaza de la violencia terrorista; es decir, a ésos que "van ganando" según proclama Otegi. ¿Van ganando? Decía Bernard Shaw que Napoleón ganaba las guerras perdiendo todas las batallas, pero ocupando el terreno cuando los ejércitos enemigos se iban a casa a celebrar la victoria. Batasuna y el resto de servicios auxiliares etarras han perdido las batallas ilegales o legales, pero tienen una notable habilidad y constancia para ocupar tras la derrota el terreno social que quienes les vencieron no saben gestionar. Fíjense, por ejemplo, como cada año, en el espectáculo hace pocos días de la izada de bandera que marca el comienzo de las fiestas de San Sebastián. La plaza de la Constitución donostiarra estaba llena de lemas y pancartas abertzales, cuando no francamente pro-etarras, entre otros, un monumental cartel "Alde hemendik" (largaos de aquí) que no era precisamente acogedor para quienes no compartían esa ideología. El debate de la jornada era la incorporación de algunas mujeres a la tamborrada inaugural de la fiesta, por expresa y justificada decisión del Ayuntamiento. Por supuesto, me parece estupendo que las mujeres tengan derecho también a tocar el bombo en público, como cualquier otra criatura de Dios. Pero ¿por qué nuestro municipio no lucha con el mismo ahínco por el derecho de muchos donostiarras de asistir al jolgorio sin verse presionados y amenazados por la parafernalia radical? Pues bien, para el alcalde Odón Elorza la fiesta transcurrió "en paz" y lo único que deploró es la actuación de "un juez que no se ha ganado precisamente el Tambor de Oro". O sea, mucho hacer reuniones sobre derechos humanos y apoyo a las víctimas, pero nada de tomar medidas efectivas contra el exhibicionismo prepo

-tente de quienes se burlan de unos y de otras.

Porque tampoco contribuye en ningún sentido a la paz conceder a Batasuna vía libre para reunirse y predicar, con la esperanza de que en una de éstas denuncie la violencia de ETA (de cuyo temible prestigio siempre ha vivido). Nos lo decían los más candorosos y los más cínicos, como Joseba Azkárraga (inolvidable su apología radiofónica de la prevaricación antes del auto del juez Grande-Marlaska): si les pedimos que opten por las vías políticas, no se les puede prohibir que se reúnan y debatan. ¡Como si para desengancharse del terrorismo no tuvieran otra ocasión que celebrar un aquelarre propagandístico bajo los mismos símbolos y denominación que siempre les sirvió para apoyarlo! La izquierda abertzale sabe perfectamente cuál es el camino a seguir para su deseable incorporación al juego político: condenar la lucha armada de manera inequívoca ante los testigos de la opinión pública y después, con uno u otro nombre (son especialistas en variarlos), presentarse a las elecciones cuando toque y aceptar la legalidad parlamentaria sin condiciones. Pero como no quieren o pueden romper del todo con ETA (aceptan en parte renunciar a sus obras, pero no a sus pompas), han inventado la cuadratura del círculo: la mesa de partidos, sobre la cual se hará política, pero fuera de las instituciones y bajo la cual estará agazapada ETA, o al menos lo que quede de su influencia. Con violencia o sin ella, la mesa de partidos representa el más alto precio político que la democracia puede pagar al terrorismo. Para saber lo que implica este engendro no hay más que leer el libro-entrevista con Arnaldo Otegi (Mañana, Euskal Herria, ed. Gara), en que da por supuesto que reconocer la capacidad de decisión, identidad nacional y territorialidad son acuerdos previos a los que en tal mesa hay que dar forma aceptable para el Estado.

Durante demasiados años, la pugna ha sido entre el terrorismo de ETA que pretendía cambiar las instituciones democráticas y quienes defendían frente a él su mantenimiento. No habrá paz aceptable democráticamente fuera del triunfo de la legalidad vigente sobre quienes pretenden "otra cosa" a su gusto y beneficio. La legalidad está dispuesta a acoger a quienes han querido vulnerarla, desde luego, aunque sin alterarse para recompensarles por la suspensión de sus crímenes. Una mesa de partidos extraparlamentaria pero con rango político supondría esa recompensa: aun aceptando el despiste oportunista como animal de compañía del socialismo actual vasco, me niego a creer que no comprendan la magnitud de lo que está en juego. A no ser que quieran ponerse a "izquierdear" en el sentido cervantino del término...

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.