Ortiz no acredita que disponga de agua para abastecer Rabassa

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a requerimiento del Síndic de Greuges, ha confirmado que ni el promotor de Rabassa, Enrique Ortiz, ni el Ayuntamiento de Alicante han solicitado el informe que exigen la Ley de Aguas y la Ley de la Generalitat Valenciana de Ordenación del Territorio, para determinar si existen o no recursos hídricos con los que abastecer las 15.000 viviendas previstas en el plan.

Pese a que el plan Rabassa está aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento y adjudicado a la empresa Viviendas Sociales del Mediterráneo, del Grupo Ortiz, el proyecto carece del preceptivo informe de la CHJ sobre abastecimiento hídrico. El organismo de cuenca, en un escrito fechado el 11 de enero, asegura que ni el promotor ni el Ayuntamiento han solicitado dicho informe. "No figura ninguna solicitud de informe sobre la actuación urbanística de referencia", dice el escrito de la Confederación.

A la CHJ llegó un requerimiento del Síndic de Greuges solicitando información sobre la existencia o inexistencia de recursos hídricos para abastecer las 15.000 viviendas (unos 45.000 habitantes) proyectadas en Rabassa. Tras constatar que no se ha requerido informe alguno, la CHJ ha trasladado el escrito del Síndic al Ayuntamiento de Alicante y le ha pedido que, conforme a Ley de Aguas y la Ley de la Generalitat Valenciana de Ordenación del Territorio, solicite el informe de abastecimiento con la documentación correspondiente.

El gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus, confirmó ayer a Radio Alicante de la Cadena Ser que aún no se ha solicitado el informe a la CHJ. "Estamos esperando el resultado de las alegaciones, por si éstas alteran el proyecto", argumentó.

El Síndic, que tramita una queja sobre el plan Rabassa presentada por la Federación Ecologistas en Acción, también pidió al alcalde, el popular Luis Díaz Alperi, un informe elaborado por técnicos municipales sobre las "imperiosas" razones de interés público que justifican la legalidad, oportunidad y conveniencia de aprobar el plan parcial y adjudicar el PAI de Rabassa a la empresa Viviendas Sociales del Mediterráneo "al margen y sin revisar previamente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".

El Síndic pide también al alcalde un informe acerca de los motivos técnicos y ambientales que impiden declarar las lagunas de Rabassa paraje natural municipal, así como dos informe jurídicos, uno sobre la imposibilidad de reclasificar como suelo urbanizable terrenos no urbanizables de especial protección, y otro sobre los motivos que impiden incrementar la publicidad de las obras en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, indicó ayer que la garantía de agua para abastecer la urbanización de 4,6 millones de metros "no aparece documentada por ningún sitio".

Tras rectificar su posición favorable a Rabassa, el portavoz del grupo municipal socialista, Blas Bernal, ha retomado las relaciones con la dirección del PSPV. Ayer, Bernal se reunió durante una hora y media en la sede del PSPV de Valencia con el secretario de Política Institucional, Toni Such, con la complicada situación del grupo municipal como telón de fondo. "El diálogo se ha recuperado", aseguró una fuente socialista tras la reunión.