Prioridad judicial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo tendrá que dar preferencia absoluta a los recursos de casación de los condenados en septiembre pasado por constituir una célula de Al Qaeda en España, si quiere evitar la puesta en libertad anticipada de varios de ellos -por cumplimiento del tiempo máximo de prisión preventiva- y no correr el riesgo, nunca descartable, de una posible fuga y su posterior reinserción en el entramado terrorista.

Sería inaceptable, además de un escándalo mayúsculo, que se repitiera el caso de Alekema Lamari, uno de los suicidas del 3 de abril de 2004 en Leganés. Lamari fue condenado por la Audiencia Nacional en junio de 2001 por terrorismo y excarcelado en 2002 tras cumplir el máximo de cinco años de prisión preventiva, mientras el Supremo resolvía el recurso de casación contra su condena, que fue confirmada. Lamari no sólo dejó de cumplir varios años de condena, sino que pasó a engrosar el núcleo terrorista que preparaba los atentados del 11-M, de los que fue uno de sus máximos responsables.

El tiempo juega en contra del Supremo, pues la combinación de los cuatro años pasados en prisión mientras se instruía el sumario y la pena media impuesta por la Audiencia Nacional -entre seis y nueve años- sitúa a una buena parte de los condenados al borde de cumplir el máximo de prisión preventiva que les corresponde. De hecho, dos ya han sido puestos en libertad antes de que el Supremo se pronuncie y otros dos, uno de ellos dueño de la casa de Chinchón utilizada para preparar la matanza del 11-M, lo serán el mes próximo. El Supremo ha reducido a una media de ocho meses el plazo para resolver los recursos de causas con presos preventivos, pero en este caso ese periodo resulta excesivo. El fanatismo ideológico y la entrega militante de los grupos terroristas islamistas exigen que la justicia impida situaciones que, una vez producidas, no tienen remedio. La tramitación del recurso de casación de los miembros de Al Qaeda en España debe tener urgencia absoluta en la agenda del Supremo.