Un alto mando declara que los militares podían haberse negado a volar en el Yak-42

El teniente general Juan Luis Ibarreta, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y jefe del Estado Mayor Conjunto cuando se produjo el accidente del Yak-42, declaró ayer en el juicio civil por este caso que, si un militar designado para participar en una misión internacional "se negase a subir al avión, puede hacerlo". Preguntado si los soldados enviados a Afganistán disponían el 26 de mayo de 2003 de algún otro medio para volver a casa, aparte del Yak-42, reconoció que no por parte del Ministerio de Defensa, pero sugirió que también hay líneas comerciales.

Las declaraciones del teniente general Juan Luis Ibarreta causaron sorpresa, ya que no sólo resulta impensable que un militar se niegue a utilizar el medio de transporte habilitado por las Fuerzas Armadas, sino que se generaría un caos si cada uno de los militares pretendiera regresar por su cuenta de zonas de conflicto.

Juan Luis Ibarreta -que fue quien firmó con la agencia NAMSA de la OTAN el contrato para el traslado de las tropas españolas- reiteró que "toda la documentación estaba en regla", pero tuvo que reconocer que "físicamente" nadie a sus órdenes inspeccionó el estado del avión o de la tripulación. Únicamente dijo creer que en el momento del despegue del Yakovlev de la base de Zaragoza estaba presente un representante de la empresa adjudicataria Chapman.

Se da la circunstancia de que, tal como se esperaba, dicha compañía no compareció ayer en el juicio, al igual que la aseguradora Busin, por lo que éste se inició con dos de los demandados (el tercero es la compañía aérea ucraniana UM Air) en rebeldía. Ante la carta remitida por el director gerente de Chapman, alegando que no se le había notificado la demanda, el juez de primera instancia número 2 de Zaragoza, Ángel Dolado, zanjó este asunto recordando que la notificación ha quedado acreditada, aunque se mostró dispuesto a escuchar al responsable del intermediario aéreo si se presenta hoy en el juicio. A pesar de que en este caso sí que está personado en la causa y dispone de abogado, tampoco acudió el responsable de UM Air, por lo que no pudo ser interrogado.

La mayoría de los testigos que declararon ayer -un subteniente y un cabo primero de la base de Zaragoza que viajaron en el vuelo de ida del Yak-42 a Afganistán, una capitana interventora y el propio Ibarreta- lo hicieron para acreditar que los 62 militares fallecidos en Trabzon (Turquía) no llevaban billete y, por lo tanto, la eventual indemnización no está limitada a los 130.000 euros que marca como tope la convención de Varsovia.

Negligencia

Los letrados de las familias de las víctimas sostienen que el siniestro fue fruto de la negligencia y reclaman una indemnización total de 60 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil.

La negligencia se desprende del informe de la comisión turca de investigación, que ha constatado el cansancio, la falta de experiencia y de adiestramiento de la tripulación y que hoy servirán de base a los interrogatorios de los peritos. "Esperamos", dijo ayer Alfonso Agulló, presidente de la asociación que agrupa a la mayoría de las familias, "que salga una sentencia que diga lo que ya dice el informe de la comisión: que el Yak-42 nunca debió despegar".

Por su parte, el letrado de la compañía UM Air, Adolfo González-Lebrero, alega que los herederos de las víctimas ya han sido indemnizados por el Estado, que tuvo que abonar los 75.000 dólares por pasajero del seguro que nunca se suscribió, y que la responsabilidad del accidente corresponde, en todo caso, a los controladores turcos más que a la tripulación.

A la primera sesión de la vista, que se desarrolló con gran rapidez, asistieron decenas de familiares de los fallecidos procedentes de toda España, por lo que ésta se trasladó del edificio de los juzgados a la Feria de Muestras, a las afueras de Zaragoza.