Alegret se opone a que el TSJC incremente sus competencias

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, y un representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), organización mayoritaria y conservadora entre los jueces, presentarán hoy 13 objeciones o enmiendas contrarias a que se descentralice la justicia y a que aumenten las competencias del TSJC y de la Generalitat en el diseño de la política judicial.

También se oponen a que se fomente el uso del catalán entre los funcionarios y a que se estudien fórmulas de acceso a la judicatura similares a las de los países europeos. Las alternativas que proponen en mucho de los casos es que se supriman directamente esas sugerencias o que las cosas continúen como hasta ahora, es decir, que el poder judicial siga centralizado en el Ministerio de Justicia y en el Consejo General del Poder Judicial.

Guillem Vidal, predecesor de Alegret en el cargo durante 10 años, advertía a menudo de que el Estado de las autonomías no había llegado a la Justicia. Para intentar cambiar las cosas, el Departamento de Justicia planteó hace meses la redacción del Libro Verde de la Administración de justicia, la propuesta más seria que se ha hecho desde Cataluña. Alegret se opone al contenido de algunas de esas 102 recomendaciones que se aprobarán hoy en el Consejo de Justicia que presidirá Pasqual Maragall.El marco en el que Alegret y el magistrado Miguel Collado, ambos de la APM, defenderán sus posiciones es el Consejo de la Justicia de Cataluña, un organismo consultivo integrado por todos los sectores del ramo. También han presentado enmiendas el magistrado Francisco de Borja Villena, de la asociación moderada Francisco de Vitoria, y Assumpció Riba, se la Unión Progresista de Secretarios Judiciales.

La reunión de hoy del Consejo de Justicia se produce en un momento en el que se ha alcanzado un pacto sobre el nuevo Estatut que incorpora, total o parcialmente, algunas de esas recomendaciones a las que siempre se ha opuesto la derecha judicial con Alegret a la cabeza y en la línea de algunos planteamientos de Francisco Hernando, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, dominado por la APM.

En la reunión de hoy Alegret defenderá personalmente que el Tribunal Superior de Justicia que ella preside no tenga competencias para resolver los recursos de casación sobre derecho estatal.

También ha presentado otra enmienda contraria a que la Generalitat tenga una opinión "vinculante" en la presentación de leyes para modificar la planta judicial en Cataluña. Es decir, la organización y distribución de los juzgados. En ese sentido, otra de las enmiendas presentadas por la máxima autoridad judicial catalana propone eliminar el apartado en el que se alude a considerar la justicia de proximidad en el diseño de la planta judicial.

Alegret también pretende la supresión de la recomendación 95, que propone desconcentrar el Consejo General del Poder Judicial y su sustitución por el Consejo Territorial de Justicia, que es lo que finalmente se ha acordado en el Estatut, con la intervención del Parlament en la designación de sus integrantes. La alternativa de Alegret pasa por que las cosas no cambien mucho. Actualmente la sala de gobierno del TSJC, que ella preside, tiene mayoría conservadora. Alegret propone incorporar representantes de otros ámbitos para que hagan "propuestas".

La presidenta del TSJC tampoco quiere ni oír hablar de que se promueva la homologación del personal de justicia con el resto de los funcionarios de la Generalitar. Por eso propone la supresión de ese punto y que los funcionarios sigan siendo cuerpos nacionales. La misma solución sugiere para la recomendación en la que se pide que se adopten medidas legales para que ningún profesional relacionado con la Administración de justicia -desde jueces a funcionarios- pueda alegar desconocimiento del catalán en el ejercicio de sus funciones.

La justicia de proximidad, otra de las iniciativas que detesta la derecha judicial, tampoco es bien vista por la APM como un destino futuro para personas que ahora son jueces de paz.