Las bases de la reforma del Estatuto andaluz

El borrador de la proposición de ley de la reforma del Estatuto cuenta con un 83% de mayoría cualificada, es decir, el PSOE sólo ha votado en solitario el 17% del texto. Estos son los acuerdos básicos de la ponencia.

Nación

Socialistas y populares acordaron en la ponencia estatutaria definir a Andalucía como nacionalidad histórica, en contra del criterio de IU y PA, quienes defienden que Andalucía se defina como nación en el articulado. La mayoría aplastante de PSOE y PP (90%) en el Parlamento de Andalucía rechazó expresamente con su voto contrario, en el pasado debate de la comunidad, que Andalucía pueda llamarse nación. La fórmula acordada para Cataluña no es exportable a Andalucía, ya que en la misma se alude al acuerdo del Parlamento catalán para definir a esta comunidad como nación, mientras que la Cámara andaluza ha votado en contra de esa definición. El PSOE no va a variar de posición.

Competencias

Contempla tres tipologías básicas (similar a la ordenación de la propuesta catalana), con competencias exclusivas, compartidas y de ejecución. El acuerdo es entre PSOE, IU y PA e implica, entre otras cuestiones, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aparecerá como competencia de la comunidad tanto en el texto articulado como en la disposición adicional que incorporará las competencias exclusivas del Estado por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. El acuerdo incluye el ferrocarril como competencia compartida; contempla la participación de la comunidad en órganos estatales (Banco de España o Tribunal de Cuentas) y una comisión bilateral de relaciones Estado-Andalucía. Los socialistas impusieron limitar la demanda de competencias estatales por la vía del artículo 150.2 al Guadalquivir; puertos y aeropuertos; museos; tráfico y servicio meteorológico. IU y PA presentarán votos particulares en este punto puesto que reclaman más competencias por la vía del 150.2. En su propuesta, el PP quiere que el Estatuto contemple la posibilidad de que Andalucía pueda asumir competencias exclusivas del Estado por la vía del artículo 150.2, pero sólo de forma excepcional. En contra de los demás grupos, el PP no define en su propuesta ninguna competencia concreta que se pueda asumir por esta vía.

Financiación

El texto aprobado en la ponencia del Estatuto incluye algo más que criterios genéricos sobre la financiación de Andalucía. A los principios de autonomía fiscal y financiera y suficiencia, PSOE e IU, partidos que suscriben el acuerdo, añaden el de "la nivelación de servicios, en relación con la población y con los indicadores sociales que se determinen"; incluyen la "multilateralidad" para definir el modelo; abogan por la participación en la Administración tributaria del Estado y el "acceso a la información sobre la evolución de los tributos"; y exigen "neutralidad interterritorial cuando la carga tributaria sea la misma", es decir, rechaza el criterio de las balanzas fiscales para establecer la financiación de las comunidades. El PA no se compromete en este acuerdo, dice que la gusta la música, pero propone su apoyo a un proceso ulterior. El PP defiende el mismo texto del Estatuto actual.

Agencia Tributaria

El proyecto incluye, con el acuerdo de PSOE, IU y PA, la creación por ley de una agencia tributaria andaluza para la "gestión, inspección y recaudación" de los tributos cedidos, propios "o los de otras administraciones públicas por vía de convenio". También fija un listado de 15 tributos cedidos por el Estado como recursos de la comunidad. El PSOE asumió íntegramente la propuesta de IU sobre las relaciones de Andalucía con la Administración financiera del Estado en la que se afirma que la vinculación o no a los modelos de financiación no podrán suponer "una merma de sus ingresos"; que el Estado "establecerá medidas de compensación" si se modifica un tributo que le suponga variación en sus ingresos; y que la comunidad "participará" en "la planificación de la inversión pública estatal". El PP, aunque no veía con malos ojos la creación de la agencia, se niega a que tenga rango estatutario.

Derechos sociales

El acuerdo recoge que la educación es "laica", garantiza la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria y una red pública de servicio sociales. También una renta mínima social.