La fiscalía ve indicios de malversación de caudales públicos en pagos que Uncio hizo con la 'visa' del IVF

La fiscalía de Valencia ve indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos en pagos realizados por José Manuel Uncio, ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Sus conclusiones provisionales fueron trasladadas al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a mediados de diciembre pasado. En ellas, el fiscal jefe, Ricard Cabedo, advertía de la proximidad de expiración del tiempo máximo inicial del que disponen las investigaciones de la fiscalía, seis meses que se cumplen a finales de este mes de enero según establece la ley, y las diligencias aún pendientes de instar dada la complejidad de las mismas y lo que dilataría una resolución definitiva.

Dado que la fiscalía de Valencia considera que ya existen indicios suficientes de un posible delito de malversación de caudales públicos por un importe de algo más de 7.000 euros gastados en 2003, el documento girado a Cándido Conde-Pumpido proponía el traslado a un Juzgado para que la parte pendiente de investigar para completar la documentación fuera ya ejecutada por orden de un juez y fuera de la presión de los plazos.

El fiscal general del Estado respondió el miércoles. En su escrito, le pide al fiscal jefe, Ricard Cabedo, que prosiga las investigaciones iniciadas por la fiscalía que representa. Cabedo, por su parte, ha remitido la solicitud formal de ampliación de plazo para seguir las pesquisas (que de facto ya está concedido aunque cumpliendo la formalidad se ha girado la petición) y visará las peticiones de las diligencias que solicite el responsable de la sección de delitos económicos.

La Fiscalía reclamará información a los bancos, a los establecimientos comerciales donde se realizaron las compras, ampliará los datos facilitados por Visa, y contrastará todos y cada uno de los pagos y el destino real de los mismos.El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en la respuesta remitida al fiscal jefe de Valencia, no entra a valorar el fondo de la cuestión porque da por buenas las diligencias realizadas hasta ahora y entiende igualmente necesarias las que podían haber quedado pendientes para un juzgado por su complicación y dilatación si no se concedía la ampliación, que contempla la ley, del plazo de investigación.

La alerta sobre la posible irregularidad en la justificación de gastos de representación a cargo de la tarjeta visa de Uncio en sus funciones de director general del IVF saltó cuando la Sindicatura de Contes, en su informe sobre el ejercicio 2003, hizo referencia a que aparecían en las cuentas de la institución 39.000 euros de gastos imputados a Uncio de los cuales algo más de 7.000 no tenían justificación contable. Meses después, el pasado mes de junio, Cristina Moreno (diputada del PSPV), en una comparecencia pública ante los medios de comunicación, presentó alguna documentación que señalaba un destino cuando menos discutible de los gastos que Uncio realizó con su visa y amparó en virtud de su cargo. Los comprobantes de las operaciones desvelaron que José Manuel Uncio compró con la visa del IVF regalos en tiendas de lujo (joyas, ropa), flores e incluso dinero como regalo de boda. La documentación fue trasladada a la fiscalía y ésta a su vez reclamó información a la Sindicatura y al IVF. Ambas instituciones respondieron, aunque la Sindicatura lo hizo cambiando la consideración inicial y señalando que al haber tenido ella también acceso a los comprobantes, la cantidad estaba justificada. Por su parte, José Manuel Uncio también compareció públicamente y consignó la cantidad bajo sospecha en un juzgado. Los gastos de representación no incluirían, en principio, el cargo a la visa oficial de regalos personales por más que Uncio hubiera tenido acceso a los destinatarios en calidad de director del IVF. Y, como ejemplo, el regalo de boda a la hija de un dirigente del PP.

La fiscalía de Valencia entiende acreditados los indicios de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, agotará la prórroga para argumentar al máximo su tesis y consultará de nuevo con el fiscal general del Estado.