Los sindicatos policiales se rebelan contra el comisario de Jaén

Los tres principales sindicatos policiales, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y la Confederación Española de Policía (CEP), se han rebelado contra el comisario provincial de Jaén, Justo Aguilera, al que ayer acusaron, en una conferencia de prensa, de "autoritarismo", de actuar con "modos militares", de "pisotear" sus derechos y de provocar un número elevado de bajas psicológicas.

Los sindicatos, que han pedido el amparo de la Subdelegación del Gobierno, no descartan movilizaciones, mientras algunos de los damnificados estudian acciones contra el comisario por la vía penal.

Los tres sindicatos que ayer comparecieron públicamente para clamar "basta ya" a su situación laboral, representan al 95% de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en la capital jiennense, cifrada actualmente en unos 162 efectivos, con un déficit de unos 35. El único sindicato que no ha respaldado las denuncias es el Sindicato Profesional de Policía (SPP).

Obediencia ciega

"Estamos hartos de esta situación, donde se veja y se humilla, se desprecia a los sindicatos y se premia la obediencia ciega y la sumisión", expuso José Olivares, miembro del SUP y que actuó de portavoz. Los tres sindicatos no piden el cese del comisario provincial -que pasará a segunda actividad y dejará la Comisaría en los próximos meses-, pero solicitan a "quien corresponda" que tome medidas "para que la lista de damnificados no aumente". Según señalaron, en el último año se han producido nueve bajas psicológicas vinculadas a la "humillación y vejación" sufrida por el comisario. "Es una situación que afecta a nuestra dignidad, a nuestra salud y a nuestras familias", añadió Olivares.

Los sindicatos consideran que el descenso en los índices de criminalidad en Jaén durante los dos últimos años no se debe a la gestión del comisario, sino a la "profesionalidad" de los agentes. Los sindicatos aseguran haber informado de los hechos a la Subdelegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía, a quien reclaman medidas.

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