La fiscalía ve claros indicios de cohecho en el caso de la tránsfuga de Ceuta
El ministerio fiscal destaca la existencia de "indicios evidentes" para vincular a la tránsfuga del PSOE Susana Bermúdez y los otros dos acusados con un presunto delito de cohecho como consecuencia de la moción de censura que permitió al GIL acceder al Gobierno de Ceuta en agosto de 1999.
Según informaron fuentes judiciales, en su informe de conclusiones el fiscal subraya la "clara animadversión" de Bermúdez hacia el que era presidente de Ceuta, Jesús Cayetano Fortes (PP), cuando se presentó la moción. El fiscal, que recuerda la existencia de sentencias sobre delitos de cohecho que pueden servir de referencia para este caso, apunta también al presunto interés de Bermúdez por colocar a su marido en un cargo político y a sus ansias de gobernar.
La fiscalía sostiene que existen todas las condiciones para un delito de cohecho que afectaría a Susana Bermúdez, a su ex marido Francisco Cazalla y al ex presidente de Ceuta Antonio Sampietro (GIL).
Las defensas han destacado la falta de pruebas que demuestren que el GIL ofreció dinero y bienes a Susana Bermúdez, que se pasó al Grupo Mixto para apoyar la moción. El defensor de Bermúdez insistió en que éste es un "juicio político" y que el transfuguismo político "no es delito".
Rebaja de penas
El juicio, que está pendiente del veredicto del jurado popular, finalizó el martes culminado con una rebaja de las penas pedidas por el fiscal, que inicialmente había solicitado dos años de prisión, ocho años de inhabilitación y una multa de 300.000 euros para los tres acusados por un presunto delito de cohecho.
El fiscal ha rebajado la pena de dos años a un año de prisión debido al tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos y la inhabilitación de ocho a seis años.
Los hechos ocurrieron en el mes de agosto de 1999 cuando una moción de censura que contó con el apoyo de la tránsfuga socialista Susana Bermúdez permitió que el GIL, que tenía 12 de los 25 escaños de la Asamblea de Ceuta, accediera a la presidencia de la ciudad autónoma. Antonio Sampietro fue investido presidente y se mantuvo en el puesto hasta febrero de 2001, cuando fue desalojado por otra moción de censura presentada por el PP con el apoyo de la ex militante del GIL Aida Piedra.
