Un nombramiento conseguido por los pelos

José Antonio Martín Martín llegó al cargo de presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el año 2003. El pleno del Consejo General del Poder Judicial tuvo que agotar tres votaciones para llegar a su nombramiento, debido a la reticencia de parte del grupo mayoritario de vocales conservadores. En la primera votación sólo obtuvo el respaldo de siete de los 20 miembros del Consejo y de nueve en la segunda. El consenso necesario sólo se alcanzó en la tercera, en la que Martín recibió 12 sufragios.

Martín es miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces españoles. En diciembre de 2003 formó parte del tribunal que condenó por cohecho -uno de los delitos por los que ahora le investiga el Tribunal Superior de Justicia de Canarias- al presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, Dimas Martín, por la compra de un voto de un concejal del PP que se produjo en 1995.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial tenía previsto suspender a Martín ayer, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a ese órgano a consultar antes con el Ministerio Fiscal. El informe de la fiscalía se recibirá previsiblemente a lo largo de la mañana de hoy. Inmediatamente después, los vocales de ese órgano lo apartarán provisionalmente de la Audiencia Provincial que preside.

La separación del magistrado de su puesto tendrá carácter inmediato y será efectiva hasta que finalice el proceso penal iniciado ayer mismo. El acuerdo incluye una suspensión de toda retribución excepto el salario base, según fuentes judiciales.

"Ninguna causa previa juzgada por este magistrado será revisada", afirmó ayer Agustín Azparren, vocal territorial del CGPJ para Canarias y Asturias y miembro de la mayoría conservadora. El vocal concedió sin embargo que el Tribunal Supremo, podría revisar la sentencia por la que libró de la cárcel al supuesto narcotraficante, aunque "muy difícilmente".

Este periódico trató ayer, sin éxito, de ponerse en contacto con el magistrado. José Antonio Martín rehusó hacer cualquier tipo de valoración, según comunicó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá que se suspenderá de sus funciones a un juez cuando se declare que hay motivo para proceder contra el magistrado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.