Los trabajadores portuarios ven peligrar el futuro

La estiba y desestiba emplea en España a 5.600 trabajadores, que en la actualidad se ocupan de esta actividad en régimen de exclusividad. Esta situación podría cambiar si mañana sale adelante en el Parlamento europeo la directiva de Acceso al Mercado de Servicios Portuarias, con la que Bruselas quiere liberalizar el sector. Esta misma pretensión fracasó en noviembre de 2003, cuando Loyola de Palacio era la comisaria de Transportes.

La polémica iniciativa comunitaria, con la que persigue la armonización del transporte marítimo en el ámbito de la UE, tiene una repercusión directa en el colectivo de estibadores. La apertura a la competencia de sus tareas, además de los servicios de manipulación, amarre y acceso (practicaje) de los buques a los grandes puertos, podría desembocar en la pérdida de numerosos puestos de trabajo, según los sindicatos.

La nueva regulación prevé, asimismo, la denominada autoasistencia, es decir, la posibilidad de que las navieras empleen sus propias tripulaciones en vez de los estibadores en las labores de carga y descarga de los barcos. La propuesta es rechazada por el sector, que augura repercusiones fatales para esta actividad portuaria. Los sindicatos advierten de que la directiva provocaría la "desestabilización" de la circulación marítima de mercancías. La primera consecuencia, alertan, sería la contratación de gente no cualificada, lo que podría traducirse en un aumento del riesgo de accidentes laborales y un descenso de la productividad.

La autoprestación es una de las principales preocupaciones del sector, porque, a juicio de los profesionales, "fomenta el intrusismo" y genera "precariedad laboral en el trabajo portuario". Los responsables de la Coordinadora de Trabajadores del Mar calculan que alrededor del 40% de los empleados en España se verán abocados a perder su puesto de trabajo si prospera la directiva. El coordinador general del Consejo Internacional de Estibadores (IDC según sus siglas en inglés), Julián Muñoz, cifró en 2.000 los profesionales españoles que se verían damnificados por la nueva normativa.

El Parlamento europeo afronta el debate dividido. El grupo del Partido Popular Europeo (262 escaños) es favorable a su adopción, mientras que los socialistas (201 escaños), verdes (42) e Izquierda Unitaria Europea (41) piden su retirada. El grupo Liberal (89 escaños) rechaza la propuesta de la Comisión, pero porque la considera poco ambiciosa y reclama una apertura a la competencia aún mayor. La vez anterior, la Eurocámara rechazó una directiva muy similar por un margen de apenas 20 votos.