Paciencia
El general Mena recordó cuál era la obligación del Ejército si se aprobaba un estatuto inconstitucional. Al parecer, nadie le había explicado a Mena que en el sistema político español es imposible que una ley sea inconstitucional. Y menos aún que lo sea el Estatuto de Cataluña, con la que está cayendo. Basta con que alguien interponga un recurso de inconstitucionalidad contra cualquier norma que le parezca sospechosa para que un tribunal competente dicte sentencia. Si los artículos presuntamente inconstitucionales están verdaderamente fuera de la ley, el fallo del tribunal los deroga automáticamente. Así que el supuesto imaginado por el general es imposible, no puede darse en la vida real. Lo único que hay que tener es un poquito de paciencia.
Desde el comienzo de esta legislatura, la histérica oposición del PP se ha basado en una sistemática y universal acusación de inconstitucionalidad. Todas las leyes importantes (salvo la ley antitabaco) que el Gobierno ha remitido a las Cortes son inconstitucionales. Inconstitucional es la Ley de Enseñanza, inconstitucional es la ley que regula los matrimonios homosexuales e inconstitucional es, antes incluso de que se convierta en ley, el Estatuto de Cataluña. Desde que perdieron las elecciones, el mundo entero es inconstitucional para el PP. Pero censurar al Gobierno porque redacta leyes inconstitucionales es como arrogarse el privilegio de considerar culpables o inocentes a los sospechosos en espera de juicio. Obviamente, el PP no cree en las reglas del juego que dice defender, desconfía de la imparcialidad de los jueces y preferiría ser él quien dictase las sentencias. Ha perdido la paciencia.
Gaspar García iba conduciendo por Sevilla cuando varias personas cruzaron la calle. Gaspar García atropelló levemente a una niña de siete años a la que ni siquiera pudo atender porque alguien lo acribilló a balazos. El asesino de Gaspar García tampoco debe de confiar mucho en las leyes ni en la imparcialidad de los jueces. No tuvo paciencia; debió de pensar que ningún castigo sería suficiente para el hombre que acababa de atropellar a la niña y decidió tomarse la justicia por su mano.
Juan Martínez Galdeano murió el pasado julio en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. Todos los que entonces leímos la noticia nos pusimos en el lugar de la víctima. Había ido a pedir ayuda, se había puesto nervioso, los guardias lo habían reducido y él se había muerto. Esa era la versión oficial, que se parecía mucho a aquellas viejas historias en las que los manifestantes morían por balas disparadas al aire. Pronto empezaron a saberse cositas: se supo que al mando estaba un guardia civil con fama de engreído y soberbio, que se usó una porra eléctrica prohibida por el reglamento, que hubo un esternón partido. Y aquel caso Almería de los años ochenta flotando en el ambiente. Sin veredicto de tribunal alguno, guiándonos por nuestras impresiones, muchos pensamos, estimulados por la prensa, que los guardias habían matado a Galdeano. Sea cual sea el veredicto final, acaba de publicarse el informe del forense, que aconseja otra vez tener paciencia.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.