Cambia la marea

El Partido Popular sucedió en su día al PSPV-PSOE como partido dominante en el País Valenciano porque el bloque social mayoritario que sustentó el proyecto socialista en los ochenta quebró y se desintegró entre 1989 y 1993. Sobre sus cenizas se construyó un bloque alternativo que se ha revelado mayoritario, y que resulta ser el soporte de la muy fuerte posición electoral de nuestros conservadores. Producto en parte de los cambios sociales y políticos producidos en los ochenta (por ejemplo, la aparición de fenómenos de fatiga fiscal), y en parte de los errores de unos y los aciertos de otros, el bloque conservador fraguó en torno a una burguesía industrial, comercial y de servicios, y reunió a las viejas y una parte nada desdeñable de las nuevas clases medias, a la casi totalidad de las personas vinculadas a la agroindustria y a la agricultura de exportación, a la parte deferente de los trabajadores de la industria y los servicios, generalmente trabajadores fuera del área de influencia de los sindicatos. El bloque, nacido como una respuesta a la crisis social, pero también política, de principios de los noventa se asentó y consolidó con la ola de prosperidad iniciada a partir de 1994, y alcanzó su máxima expresión política en 1999 cuando el PP ganó en todas las comarcas del País salvo dos o tres. Ese bloque se está desintegrando ante nuestros ojos, y a ello no es precisamente ajena la gestión del Partido Popular.

Como suele suceder, la desintegración comenzó en su día por la cabeza. La clave del arco del mismo ha sido desde su origen la unidad empresarial y, a remolque de la misma, una posición dominante en el mundo de las organizaciones agrarias. El mantenimiento de esa clave exigía una condición arbitral del poder político, que, a su vez, exigía de éste una cierta neutralidad en los conflictos internos de intereses, inevitables dada su misma pluralidad. Esa condición arbitral se rompió primero en razón de la mayor o menor proximidad de personas o sociedades concretas a los no menos concretos titulares del poder, que introdujo una fisura, menor, entre "los amigos" y "los demás". Empero mientras hubo prosperidad generalizada la cosa no fue a mayores. Además, si bien de modo implícito, al menos al principio, nuestros conservadores optaron por un modelo de país entre floridense y californiano, en el que el turismo y los servicios e industrias vinculados al mismo estaban destinados a convertirse en el eje y la prioridad principal. La política de inversiones de los sucesivos gobiernos autónomos, y la urbanística desarrollada por las administraciones e impulsada desde la Generalitat son indicadores bien claros. Tal vez sea exagerada la observación crítica de un ilustre dirigente socialista acerca del "modelo Benidorm, no conocen otra cosa", pero ciertamente los hechos muestran que no era precisamente desencaminada, hasta una política cultural neobarroca volcada en la espectacularidad y la apariencia sintonizaba bien con el modelo. Claro que eso suponía situar a la industria y los servicios no vinculados al turismo en segundo rango y dejar al mundo agrario en la posición subordinada "que le corresponde". Desde esa perspectiva la política territorial desarrollada se entiende. Y se entiende muy bien.

Los problemas han comenzado a aparecer cuando se produce la confluencia de dos factores: uno institucional y otro no, cuando se produce la confluencia entre una financiación autonómica crecientemente deficitaria y la aparición de serios y crecientes problemas de competitividad industrial que no pueden ser abordados mediante el clásico mecanismo de la modificación de los tipos de cambio. Porque esa confluencia empieza a producir una particular crisis de tijera: las necesidades de intervención pública crecen cuando los recursos que la pueden y deben alimentar entran en una dinámica de regresión relativa, lo que se ve agravado por los costes de las inversiones-espectáculo y los errores de decisión y gestión. Cuando no hay harina todo es mohína.

La aparición progresiva de la crisis industrial, que es la crisis de un modelo basado en el minifundio empresarial, el empleo de tecnología de gama baja y salarios bajos, genera unas demandas que entran en conflicto con el modelo de país porque requieren otra asignación unos recursos escasos. La opción seguida por el último período de la gestión de Zaplana y que ha mantenido y aún acentuado la de Camps, ha sido la de sostenella y no enmendalla: lo poco que hay se dedica al turismo de sol y playa y a la apuesta residencial, de residentes foráneos, nacionales o -preferentemente- de otros países de la UE. Claro que eso supone romper el bloque empresarial, alimentar una fractura no entre los más amigos y los menos, sino entre los sectores solícitamente atendidos y los sectores destinatarios de buenas palabras. La crisis industrial largamente incubada se desarrolla, y los intereses de la burguesía industrial, y de buena parte de los servicios se ven preteridos, al tiempo que empeoran las expectativas, no crece o desciende la actividad y lenta pero constantemente crece el paro. La desatención llega incluso a la clientela más fiel: la crisis entre el gobierno de la Generalitat y las organizaciones agrarias con motivo de las infraestructuras relacionadas con el déficit hídrico (de la modernización de regadíos al trasvase interno) era sencillamente impensable hace bien poco. Como una de las características del País es precisamente la fuerte especialización territorial de los sectores económicos favorecer a unos y desatender a otros se traduce, se quiera o no, en la aparición de una fractura territorial. De expresión de un bloque social mayoritario un dividido PPCV está deviniendo en la propia de otro integrado por la construcción y afines, el turismo, y los propietarios de tierras en los municipios costeros, que es estructuralmente minoritario. De una situación de dominancia congelada estamos pasando a una situación de competencia fluida. La posibilidad de forjar un bloque social mayoritario que asocie el empresariado de la industria, el de los servicios no dependientes directamente de la actividad turística, el trabajo organizado y una parte sustancial de las clases medias, hasta hace poco utópica, está dejando de ser una posibilidad virtual para pasar a ser una opción disponible para otro proyecto de País, que incluya, pero no se reduzca, a Benidorm. Con las consecuencias políticas y electorales que son de rigor. Hay una opción abierta, pero nada más. Que haya un camino posible al centro-izquierda no significa sin más que se vaya a transitar por él, pero sí significa que el flujo se está alterando. La marea ha comenzado a cambiar. De ahí los evidentes nervios de algunos.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.