Los dos asesinados carecían de la titulación de Interior

Los dos vigilantes asesinados por Manuel Ramírez Torrecilla no disponían de la necesaria autorización del Ministerio del Interior para ejercer el oficio, según confirmaron ayer fuentes de la Delegación del Gobierno. La Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana ha abierto un "expediente sancionador" contra la empresa Orma Seguridad, que habría cometido una falta "muy grave".

Fuentes de la Delegación del Gobierno precisaron anoche que el homicida y la compañera de trabajo herida, Inés García Pedregosa, sí contaban con la pertinente habilitación del Ministerio de Interior. Ninguno de los cuatro vigilantes en el tiroteo portaba armas de fuego en su puesto de trabajo.

Un portavoz de la empresa en la que trabajaban los fallecidos no quiso aportar su versión sobre la calificación profesional de sus empleados.

Rafael Saldaña, secretario de Seguridad Privada de UGT-Madrid, denunció que "este caso pone de manifiesto una vez más el incumplimiento generalizado de la normativa que se produce en este sector".

La normativa que regula la seguridad privada está formada por el Real Decreto 2364/94, que desarrolla la Ley de Seguridad Privada 23/1992. El primero establece que cualquier persona que desee trabajar como vigilante de seguridad deberá ser autorizada por el Ministerio del Interior, y que las empresas no podrán contratar a ningún trabajador que no cumpla este requisito.

"Es una autorización administrativa, que requiere 180 horas de formación basadas en pruebas físicas y psicotécnicas y manejo de elementos de seguridad", explica Saldaña.

Éste añadió que la contratación de personal no autorizado por Interior constituye una "falta muy grave" de la empresa, sancionable con 30.000 euros.

Fuentes de la Delegación del Gobierno añadieron que la "sección de Seguridad Privada de la Brigada Provincial ha abierto un expediente sancionador hoy mismo [por ayer], tras conocer que los dos trabajadores fallecidos carecían de la habilitación necesaria".