Miller, espías y la primera enmieda

El debate sobre la protección de las fuentes se ha visto al tiempo relanzado y complicado en EE UU tras los 58 días de encarcelamiento de la periodista Judith Miller, de The New York Times, derivado del caso Plame: el 6 de julio de 2003, el ex embajador Wilson -al que año y medio antes la CIA envió a África para averiguar un supuesto intento iraquí de compra de uranio- denunció que la Casa Blanca había "exagerado la amenaza". Poco después, el periodista Bob Novack dijo que la mujer de Wilson, "Valerie Plame, es una agente en armas de destrucción masiva, según dos altos cargos del Gobierno".

Revelar la identidad de un agente es delito federal. Al investigarlo, el fiscal Patrick Fitzgerald citó a varios periodistas; al final, sólo Miller se negó a revelar sus fuentes al amparo de la Primera Enmienda constitucional, que protege la libertad de prensa. Apoyada por su diario, la reportera pasó el verano en la cárcel. Cuando la fuente, Lewis Libby, jefe de gabinete del vicepresidente, la eximió del compromiso, Miller salió de la cárcel y declaró ante un Gran Jurado, que luego acusó a Libby de obstrucción de la justicia y falseamiento. El juicio está pendiente, y la investigación, que rozó a Karl Rove, asesor de Bush, sigue abierta. Pero Miller dejó el diario porque sus responsables creyeron que no había sido sincera en sus explicaciones.

Reacciones opuestas

Las ramificaciones políticas del asunto y la peculiar figura de Miller -que aseguró antes y durante la guerra en varios artículos, basados en fuentes del exilio iraquí, que había armas de destrucción masiva en Irak- han complicado el caso. Lo importante, según Marvin Kalb, del Centro Shorenstein, es que "una periodista estuvo en la cárcel sin haber hecho nada malo". En cambio, Joe Conason, de The New York Observer, cree que Miller "deja mucho que desear como mártir de la Primera Enmienda". No está claro aún cómo va a influir el caso en el debate sobre las fuentes y la protección de los periodistas que se nieguen a desvelarlas; en EE UU no existe una ley federal que lo garantice, pero en 37 Estados sí hay leyes en ese sentido, y en otros 18 hay decisiones jurídicas que también garantizan la protección.