Sangría laboral

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, reformada en 2003 con el apoyo del PP, PSOE, IU y Coalición Canaria, nació con la pretensión de dar respuesta a la enorme sangría en muertes y costes económicos y sanitarios que supone la siniestralidad laboral en España. No es, pues, la ausencia de una legislación adecuada, minuciosa en la tipificación de las faltas de seguridad y rigurosa en su sanción, la causa de que España sea desde hace años, tras Portugal, el país de la UE con mayor índice de siniestralidad laboral, sino la renuencia a cumplirla, sea por rutina o comodidad, y el escaso interés de la Administración en aplicar sanciones ejemplares a los infractores.

La alarma, nunca amortiguada ante la persistencia de casi mil trabajadores muertos en su puesto de trabajo año tras año, ha saltado con más fuerza ante la evidencia de que 2005 concluirá con un incremento cercano al 8% de accidentes mortales en relación con 2004. El Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos han reaccionado poniendo en marcha un plan, que comenzará a aplicarse el próximo enero, basado sobre todo en una inspección continuada y exhaustiva de las empresas que acumulan más accidentes laborales, y en especial de aquellas dedicadas a varias actividades y, por tanto, proclives a subcontratar. No es la primera vez que se pone en marcha una iniciativa semejante. En 2002, el Gobierno y los agentes sociales también acordaron un plan para el reforzamiento de la inspección laboral, al que sin duda cabe atribuir el momentáneo y esperanzador descenso de los siniestros en 2004.

El primer requisito para que el actual plan resulte eficaz es que tenga vocación de permanencia y no quede reducido a un mero parche, como fue el caso del anterior. También deberá tener en cuenta que las causas inmediatas de la siniestralidad no son coyunturales: se vinculan a métodos de trabajo inexistentes o inadecuados, escasa formación e información sobre riesgos y medidas preventivas, y ausencia o insuficiencia de las medidas de seguridad. La Inspección de Trabajo, además de sancionar, debería actuar también sobre unas causas que reflejan la escasa cultura de la seguridad en el trabajo existente en España, tanto entre los empresarios como entre los trabajadores. Y aunque no está en sus manos corregir las causas estructurales, en especial la precariedad y la subcontratación, sí lo está vigilar con la máxima atención que estos sistemas de trabajo se acomoden estrictamente a las medidas de seguridad. Poner freno a la sangría de mil trabajadores muertos al año merece todos los esfuerzos.