La ministra Trujillo desmiente a Blasco y dice que Bruselas sólo cuestiona el urbanismo valenciano

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cerraron ayer el convenio del nuevo Plan de Vivienda 2005-2008. Los gobiernos central y autonómico aportarán 489 y 480 millones de euros, respectivamente, para sostener un plan que beneficiará a 56.656 familias valencianas. Trujillo, a preguntas de los informadores, afirmó que el dictamen de la Comisión Europea sobre el urbanismo valenciano "no cuestiona la legislación estatal sino la autonómica", en contra de lo que sostiene el consejero de Territorio, Rafael Blasco.

El nuevo Plan de la Vivienda 2005-2008 beneficiará a 56.656 familias valencianas

La ministra de Vivienda salió ayer en defensa del Gobierno central, cuando, a preguntas de los informadores, se pronunció sobre los informes del Parlamento y la Comisión Europea que cuestionan la legislación urbanística valenciana y su aplicación. Lo repitió dos veces: "La Comisión Europea no ha cuestionado la legislación estatal sino única y exclusivamente la autonómica", sostuvo, en contra de lo que defiende el consejero Rafael Blasco. Trujillo defendió la actuación del Ejecutivo central, que "está apoyando, dando cobertura y trasladando a la Comisión las alegaciones de la comunidad". "No nos hemos desentendido del problema", dijo María Antonia Trujillo.

Poco antes la ministra suscribió con el presidente Francisco Camps el convenio para desarrollar el nuevo Plan de la Vivienda 2005-2008 en la Comunidad Valenciana, del que se beneficiarán 56.656 familias. A través de este plan los valencianos se beneficiarán de 489 millones de euros del Ministerio de la Vivienda y de los 480 millones que aportará la Generalitat. En total, 979.

Trujillo se refirió a este plan como el "más participativo" y el mejor dotado económicamente, pues eleva el presupuesto un 52% con respecto al plan de 2000-2005. Por líneas de actuación, el programa prevé 25.112 viviendas protegidas de nueva construcción, un 7,04% más que el periodo anterior. Las viviendas nuevas de alquiler pasarán de 1.500 a 2.772, con un incremento del 84%. Y con las ayudas a los propietarios y a los inquilinos se promoverán otros 1.200 pisos en alquiler. El plan se propone subvencionar hasta 4.000 familias y jóvenes para ayudas al alquiler.

La ministra firmó también con una representación de las entidades financieras valencianas otro convenio que facilitará la ejecución del plan. Durante sus tres años de vigencia, los préstamos que se concederán en Valencia ascenderán a 2.662 millones de euros, un 49% más que en el plan anterior. La ministra anunció también otra línea de financiación suscrita hace pocos días con el ICO que permitirá a las comunidades autónomas disponer de una línea de crédito con la que ejercer el tanteo y retracto sobre las VPO. "Cuando un ciudadano quiera vender su vivienda protegida, la comunidad autónoma podrá comprarla y adjudicarla a otro", explicó la ministra.

Trujillo destacó que la Comunidad Valenciana, que siempre ha cumplido sus objetivos y ha tirado de la reserva de eficacia del Estado para las autonomías más ágiles y más cumplidoras, podrá incrementar con la ayuda estatal el número de familias beneficiadas. "El esfuerzo común es lo que los ciudadanos esperan de nosotros", concluyó la ministra.

El Consell, añadió Camps, se ha marcado como objetivo superar los 75.000 beneficiarios, frente a los 56.656 previstos en el plan estatal, y añadió que aun a riesgo de ser "un poco egoísta" pidió a la ministra que esa reserva de eficacia "esté preparada para que la Comunidad Valenciana llegue a las más altas cotas de desarrollo de este convenio".

El consejero Rafael Blasco, rodeado de todo su equipo, acompañó a Camps en la firma de los convenios. Sólo quedó por firmar un tercer acuerdo relacionado con la Sociedad Pública del Alquiler, que no fue posible "por cuestiones técnicas", aseguraron desde Territorio.

Podrán acceder al Plan de Vivienda las familias con ingresos de hasta 42.751 euros al año, el equivalente a 6,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que sustituye en algunos cálculos al salario mínimo interprofesional y que asciende a 469,8 euros mensuales. Entre los colectivos prioritarios del plan están los jóvenes, sobre todo los que accedan por primera vez a una vivienda, las personas con discapacidad, los mayores de 65 años, familias monoparentales y numerosas, las víctimas de violencia de género y del terrorismo y otros colectivos con riesgo de exclusión social.