"El plan del PP en 2001 para RTVE era propaganda"

Enrique Martínez Robles (Linares, Jaén, 1944) cumple 20 meses al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Una vez resuelta hace un año la última reconversión de los astilleros públicos (falta vender los activos que componen Izar), abordará ahora otro problema de gran calado como es el plan de saneamiento de RTVE, organismo que desde el próximo año recibirá una subvención para financiar el déficit corriente de los Presupuestos y cuyo modelo como entidad pública se fijará en la ley que tramita actualmente el Parlamento. La SEPI, que cambia de estatuto tras haber privatizado la mayoría de las empresas públicas, estudiará "con criterios profesionales" si vende su 2,9% del capital de Endesa en la oferta presentada por Gas Natural.

"El futuro de RTVE será público, contará con financiación mixta y no se privatizará ninguna cadena"

"Es difícil una oferta global por los activos de Izar y eso lo tendrían que incluir los sindicatos en sus tesis"

"Estudiaremos acudir con nuestro 2,9% de Endesa a la OPA de Gas Natural con criterios profesionales"

"La deuda de RTVE se incrementó debido a la inactividad de ocho años de Gobierno del PP"

Pregunta. Cuando se cumple justo un año del acuerdo sobre el futuro de los astilleros públicos, ¿considera que tiene viabilidad Navantia a pesar de prever todavía tres años de pérdidas?

Respuesta. Navantia, la empresa que aglutina a los astilleros militares como Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, Cádiz y San Fernando, está cumpliendo desde comienzo del año sus expectativas, tanto en cartera de pedidos como en carga de trabajo. El objetivo es volver a los números negros en tres años y tanto los pedidos de la Armada Española, como los contratos de Venezuela, como los que se negocian en India, Australia y Finlandia permiten pensar que se que se cumplirá con lo establecido.

P. ¿En qué momento se halla la venta al sector privado de los activos de Izar?

R. Estamos en pleno proceso de venta de los activos de Gijón, Sestao, Sevilla y Manises, tal y como se recogió en el acuerdo de 2004. Hay que recordar que es un proceso que se produce por las decisiones de la UE, que declaró ilegales las ayudas públicas para los astilleros concedidas por el Gobierno del PP por un montante de unos 1.200 millones entre los años 1998 y 2000. La UE exigió a Izar su devolución a SEPI y al no contar la empresa con esos recursos propios entró por ley en liquidación. Por ello, se ha abierto un proceso de liquidación con venta de sus activos al sector privado.

P. En el acuerdo con los sindicatos se estableció que los cuatros centros deberían venderse en bloque. Parece que es difícil que eso suceda en la realidad.

R. Hemos recibido ofertas no vinculantes de 11 consorcios, pero lo cierto es que la mayoría de ellas son por un centro. Hay una oferta por dos y sólo una por todos los centros que, además, puede que no cumpla los requisitos exigidos, según el asesor independiente. La realidad es que no parece que vaya a producirse una oferta global.

P. ¿Quiere decir que habrá que vender los activos de los astilleros por separado o por centros?

R. Lo sindicatos tendrían que hacer un esfuerzo para incluir esta realidad en sus análisis. Hay que tener en cuenta que el objetivo central del acuerdo de 2004 era que se mantuviera la actividad en todos los centros. Los sindicatos han señalado la posibilidad de que se unan los oferentes para adquirir la totalidad de los activos, pero esto es poco probable. En la Comisión de Seguimiento se ha informado a los sindicatos de la situación real y hemos insistido en que el proceso de venta debe ser no condicionado, transparente y según las reglas de mercado, pues no hay que olvidar que la obligación de liquidar viene de la UE y establece unos requisitos para liberar a los nuevos dueños del pago de la devolución de las ayudas ilegales, que es el origen de todo el problema.

P. ¿Con qué calendario se trabaja para las venta de los astilleros civiles?

R. Una vez que los consorcios reciban toda la información detallada de los centros, deberán presentar una oferta vinculante a mediados de enero. Luego, se sucederán las siguientes fases: acuerdo de la Comisión de Liquidación, informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones y su posterior aprobación por el Consejo de Ministros. Con todo ello, nos iremos a la segunda quincena de febrero.

P. El otro problema que tiene en la mesa es el saneamiento de RTVE. ¿Cómo piensan abordarlo?

R. Lo primero que hay que decir es que este Gobierno ha decidido tomar una posición activa en la solución del futuro de RTVE. Por un lado, se ha presentado un proyecto de ley que regula su estructura jurídica, su financiación y la elección de sus órganos de gobierno. Del antiguo ente de RTVE se pasa a la nueva corporación de RTVE. Todo esto unido a que por primera vez los Presupuestos del Estado de 2006 contienen un crédito de 575 millones de euros para financiar el déficit corriente. Esto rompe totalmente con el sistema de financiación anterior, que establecía una dotación pequeña de unos 80 millones de euros y luego una autorización para seguir ampliando el endeudamiento con el aval implícito del Estado.

P. Pero el nuevo sistema de financiación debe ir supeditado a un plan de saneamiento que debe negociarse con RTVE y los sindicatos.

R. Efectivamente, RTVE y el Estado deben firmar un convenio que incluye un plan de saneamiento que pasa fundamentalmente por racionalizar los gastos y mejorar los ingresos. Se ha creado un comité director entre SEPI y RTVE que está elaborando dicho plan, pero que no ha iniciado las negociaciones con los sindicatos porque todavía no está terminado. Será a partir de enero cuando se aborde.

P. ¿Dentro de este plan se da por hecho que habrá un expediente de regulación de empleo en RTVE con fuertes recortes de plantilla?

R. Todavía no estamos en condiciones de hablar de esa cuestión. Estamos en la fase previa. Sin embargo, creo que es una idea extendida la necesidad de sanear RTVE. En el año 2001 y después de varios intentos, el Gobierno del PP propició un acuerdo llamado Plan Marco de Viabilidad entre la SEPI y RTVE con el conocimiento de los sindicatos en el que ya se ponía de manifiesto que había que sanear RTVE para llegar en el año 2004 al déficit cero.

P. ¿Consiguió algo ese plan en estos años?

R. Era un plan de viabilidad que no tenía ni objetivos ni medidas concretas. Parecía más bien dirigido a la propaganda y la publicidad que a introducir reformas. Si hubiera conseguido algo, ahora no estaríamos hablando de la necesidad de otro plan para dar viabilidad de la radiotelevisión pública.

P. ¿Cuál es el modelo de RTVE del futuro que quiere fomentar el Gobierno?

R. El plan busca consolidar una televisión pública que sea rentable social y democráticamente, así como compatible con los planteamientos presupuestarios y que además mantenga la independencia del poder político. La financiación será mixta, una parte procederá de la publicidad y otra del Presupuesto del Estado.

P. ¿Cabe la posibilidad de que se privatice la televisión o una parte de ella?

R. No va haber ninguna privatización de televisión y así aparece en el proyecto de ley y en su exposición de motivos. Se trata de que haya una televisión pública con dos cadenas, más los canales digitales y Radio Nacional. Queda, pues, descartada la privatización.

P. ¿Cómo se va a asumir la deuda histórica de RTVE?

R. La deuda histórica, que a final del presente año llegará a 7.500 millones de euros, debe ser pagada con los impuestos de todos los españoles. Éstos deben saber que en 1996 la deuda ascendía a 1.700 millones de euros y en 2004 era de 6.900 millones. Esa deuda se incrementó debido a la inactividad de ocho años del Gobierno del PP, que no tomó ninguna medida para arreglar la situación y que aumentó considerablemente la deuda cada año.

P. ¿Han encontrado algún desajuste contable en el ente a su llegada al Gobierno?

R. En el Presupuesto de 2004 la nueva administración se encontró con que la mayor parte de los gastos estaban comprometidos y que los ingresos presupuestados no se correspondían con la realidad. El tema fundamental es que el Plan Marco de Viabilidad no fue más que una operación de propaganda y publicidad sin ningún contenido.

P. Cambiando de tema, ustedes tienen el 2,9% de Endesa. ¿Van a acudir a la OPA que ha presentado Gas Natural?

R. Nosotros observamos la oferta de Gas Natural desde la óptica del accionista. Hemos mantenido reuniones al más alto nivel, tanto con los responsables de Endesa como de Gas Natural, y hemos escuchado sus opiniones. Tomaremos nuestra decisión con criterios profesionales.

P. Después de la venta de los restos de privatización de Aldeasa y Altadis, y de esta participación de Endesa, tienen el 5,4% en Iberia. ¿Qué harán con estos porcentajes?

R. En los planes financieros de la SEPI se contemplaba que se irían colocando en el mercado estas acciones en el momento más adecuado. La previsión incluía la venta de Endesa en 2006 y la de Iberia en 2005.

P. ¿Tiene asegurado su futuro público Hunosa?

R. Sí. Una vez conseguido el acuerdo en el Plan Nacional de la Minería y de acuerdo con este plan, SEPI y Hunosa abordarán con los sindicatos de la empresa un plan específico para el periodo 2006-2012.

P. ¿Cabe la posibilidad de que algunas empresas como Renfe y otras que están adscritas a ministerios se incorporen a la SEPI?

R. Ésa es una cuestión que no está planteada. Los objetivos de la SEPI son gestionar las empresas que actualmente tiene asignadas y colaborar en determinadas operaciones de saneamiento del sector público. Para ello, una vez concluidas las grandes privatizaciones, SEPI podrá financiarse con cargo a los Presupuestos del Estado gracias a la modificación de la Ley de Creación de la Sociedad Estatal.