La Audiencia de Sevilla analiza la indemnización que exige una madre a la Junta
Carmen Fernández pide dos millones por los ocho años que permaneció sin sus dos hijos
La Audiencia de Sevilla celebrará mañana una vista para debatir la indemnización de más de dos millones de euros que reclama Carmen Fernández, madre de los hermanos Iván y Sara, dados en acogimiento pese a las numerosas sentencias que le reconocieron su derecho a recuperarlos tras superar su alcoholismo. Fernández pide a la Junta de Andalucía 2.168.000 euros por los daños y perjuicios derivados de los ocho años que pasó sin sus hijos, que ahora tienen 13 y 14 años, tras ser dados en acogimiento a una familia de Dos Hermanas (Sevilla).
El caso dio un vuelco inesperado en septiembre de 2004, cuando Sara pidió al titular del juzgado de Familia regresar con su madre, derecho que le reconoció el juez y que se mantiene hasta hoy, cuando la niña sigue residiendo con Carmen Fernández. Según el juzgado, el reencuentro sigue por cauces positivos y la voluntad de la niña no ha cambiado la reclamación, que se basa en los ocho años que la madre pasó sin poder convivir con sus hijos.
Gabriel Velamazán, letrado defensor de la madre, sostiene en su demanda que Carmen ha sufrido daños morales, que se han traducido en incapacidad laboral y miedos, y ha dejado abierta la posibilidad de incrementar la indemnización por los problemas psicológicos que pueda presentar Sara en el futuro. La Sección Sexta de la Audiencia verá las apelaciones sobre la decisión del juzgado de Familia, que sólo concedió a la madre 72.000 euros por la pérdida de su hijo, equivalente a una muerte en accidente según los baremos de la Ley del Seguro, y rechazó indemnizar por la hija, dado que ya vive con Carmen Fernández.
El juez de Familia, Francisco Serrano, acordó también, a petición de la Fiscalía de Sevilla, incluir al Ministerio de Justicia como posible responsable del pago de las indemnizaciones.
El abogado del Estado, como representante del Ministerio de Justicia, expresará a la Audiencia su oposición a ser implicado en el caso al término del proceso, pues ello le causa "una palmaria indefensión" y, a su juicio, debe pagar "quien hizo la declaración administrativa de desamparo y luego no cumplió la sentencia", es decir, la Junta. Según el escrito del representante del Estado, debe plantearse además la responsabilidad personal del juez Serrano y de los padres de acogida por su "posible cooperación en la imposibilidad de que los niños volvieran con su madre".
