El nuevo cambio de la Ley del Suelo pasa su primer trámite con la crítica en bloque de la oposición

La proposición de ley presentada por el PSOE para subsanar los "errores" que este mismo grupo introdujo en la fase de enmiendas a la Ley del Suelo -en vigor desde el lunes- pasó ayer su primer trámite parlamentario, con la crítica unánime de la oposición. Mientras que el PP la calificó de "churro", los andalucistas usaron el término "chapuza", e IU dijo que los retoques son "profundamente regresivos". La nueva reforma, cuyo texto apenas ocupa un folio y medio, suprime la referencia a los usos turísticos, y exime de la cesión del 30% del suelo para VPO a las zonas de baja densidad.

Juan Antonio Cebrián, que defendió la iniciativa, no se anduvo con rodeos. Lo primero que dijo es que su grupo se había equivocado al cambiar con enmiendas de última hora tres puntos del texto inicial de la Ley del Suelo, y que el objetivo de la proposición de ley es "rectificar". "Queremos recuperar el original, que es mejor, y eliminar lo que ha creado inseguridad y malestar", señaló, en referencia al revuelo que organizaron promotores y empresarios.

La nueva vuelta al texto suprime la referencia al uso turístico del suelo, y en su lugar, acota más el residencial: "Cuando se implanten usos residenciales, sea cual sea el uso global del suelo y el tipo de vivienda que se construya, la ordenación urbanística debe garantizar suelo suficiente para dotaciones, equipamientos y servicios adecuados a la población, incluyendo las reservas del 30% de la edificabilidad residencial, aun en las denominadas residencias turísticas". No obstante, se podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores que tengan una densidad inferior a 15 viviendas por hectárea, si bien se deberá compensar con terrenos en el resto de sectores y asegurar su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad. Para estos casos se requerirá un informe del Consejo Consultivo de Andalucía.

Los portavoces de la oposición se mostraron implacables, tanto por lo que llamaron el "papelón" de cambiar una ley casi al día siguiente de aprobarla, como por el carácter de los cambios. Jorge Ramos del PP, aseveró que la ley no gusta a nadie: "Ni a los ayuntamientos, ni a los empresarios, ni siquiera al Gobierno, que ha montado una gresca entre las distintas consejerías". Y enseguida entró de lleno en lo que más disgusta a su grupo: la posibilidad de retirar a los municipios que no cumplan las competencias urbanísticas. "Si la reforma hubiera sido de calado, la habríamos apoyado, pero no se aborda lo importante, que es el ataque al principio de la autonomía de las corporaciones locales", dijo.

El portavoz de IU, Ignacio García, exculpó al grupo socialista del desaguisado, ya que, afirmó, en todo momento ha actuado al dictado del Gobierno. "¿Y por qué?", se preguntó retóricamente. Y él mismo se contestó: "Porque ha sido sensible a las presiones de una parte de la patronal, con una actitud genuflexa". IU cree que los retoques son "regresivos", por lo que para el trámite parlamentario de la reforma solicita más sosiego, de modo que no se vuelvan a cometer más errores. García lo dijo con un par de refranes: "Hablen con todos los grupos, vistámonos despacio, que tenemos prisa; porque más vale una vez colorado que cien amarillo".

Pilar González, del PA, denostó el nuevo cambio de la ley por su cariz "frívolo" e impropio de un gobierno, a la vez que tildó la operación de "chapuza".