Petición de indulto

En contestación a la carta de Ana de Miguel, subsecretaria del Ministerio de Justicia, aparecida el pasado jueves con el título El ministro y el indulto, en que de una manera medrosa y confusa, justifica la demora de seis años en el pronunciamiento a la petición de indulto a favor de Ahmed Tommouhi, marroquí que lleva ya 14 años de cárcel, ha de recordársele al Ministerio que las sentencias por las que está penado adolecen de dudas razonables que hacen más que justificable ese indulto.

Así, por ejemplo, consideran conveniente la concesión del indulto, entre otros, José María Mena, fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña; José María Parra, fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona; el Colegio de Abogados de Barcelona; el Colegio de Abogados de Rabat; el mismo Tribunal Supremo, que a pesar de revisar una de la sentencias y negarse a hacerlo con las otras tres, sugiere alguna medida de gracia, cual es el indulto; políticos como Ignasi Guardans (CiU), Joan Saura y Jordi Guillot (IC); asociaciones y otras personas, con firmas en varios documentos. Abel Matutes, siendo ministro, informó en el Congreso

sobre el interés del Gobierno del PP en resolver el asunto.

De Miguel no atiende al problema verdadero, pues si, como dice ella, Tommouhi es culpable, huelga toda medida de gracia, de la que, por cierto, sería partidaria en relación con cualquier otro delito no sexual. La cuestión es muy otra: lo que aquí se discute es la inocencia del reo, como se comprobó palmariamente en uno de sus supuestos delitos, y en las irregularidades de las pruebas de identificación, denunciadas y exhaustivamente documentadas por un guardia civil adscrito a la Policía Judicial de Martorell que llevó el expediente.