Castilla y León rechaza una idea del BNG que también figura en su Estatuto

Una disposición contenida en la propuesta de reforma del Estatuto gallego elaborada por el BNG, en la que se deja abierta la posibilidad de que algún municipio de las comunidades limítrofes se adhiera voluntariamente a Galicia, ha levantado las iras de la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP. El viernes, incluso, amenazó con recurrir el asunto al Tribunal Constitucional. Ayer, además, hubo una cascada de reacciones en todos los partidos, desde Coalición Canaria a Izquierda Unida, y, por supuesto, el PP, cuyo secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga, culpó al Gobierno socialista de "dar alas" a las "ambiciones territoriales y expansionistas" del nacionalismo. Lo curioso es que una disposición semejante figura en varios Estatutos actuales, empezando por el de Castilla y León.

Los nacionalistas gallegos, que gobiernan la Xunta en coalición con el PSdeG-PSOE, presentaron el viernes esta propuesta de reforma del Estatuto, en la que se otorga a la comunidad el carácter de nación y donde su artículo 2 establece lo siguiente: "El territorio de Galicia abarca el de los ayuntamientos que actualmente forman parte de la comunidad autónoma de Galicia". La disposición final tercera del texto introduce una salvedad: "Podrán incorporarse a Galicia aquellos ayuntamientos limítrofes de características históricas, culturales, económicas y geográficas análogas, mediante procedimientos democráticos que serán regulados por ley".

Mayoría cualificada

Aunque se trata de una mera propuesta para el debate de reforma del Estatuto gallego, cuya aprobación requeriría una mayoría cualificada del Parlamento autónomo imposible de alcanzar sin el PP, la iniciativa provocó airadas reacciones en Asturias y Castilla y León. La vicepresidenta de esa última comunidad, María Jesús Ruiz, se adelantó a todo el proceso legal de reforma del Estatuto gallego, y anunció que si se aprobaba la disposición propuesta por el BNG, la combatiría con "todas las armas del Estado de derecho", incluido el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Ruiz, por lo visto, no tuvo en cuenta su propio Estatuto de Autonomía, que en su disposición transitoria séptima prevé la incorporación a Castilla y León no de un municipio sino de una comunidad autónoma completa. La misma disposición reconoce además el derecho a sus propios ayuntamientos a integrarse en otra comunidad, previa autorización de las Cortes Generales autonómicas.

A las arremetidas se sumó ayer la dirección del PP, que, a propósito de la polémica, denunció que la "debilidad" del Gobierno está haciendo que proliferen las "aspiraciones más extremas del nacionalismo" y las "agresiones" a las comunidades vecinas. "Ahora es el nacionalismo gallego el que también muestra sus ansias de expansión hacia territorios colindantes", denunció Gabriel Elorriaga.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 10 de diciembre de 2005.

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