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COLUMNA

Fe de horrores

Los servicios jurídicos de las Cortes Valencianas han yugulado el intento del Consell de modificar la Ley de Ordenación del Territorio, mediante una "corrección o fe de errores", de "imposible tramitación". Puente con dos ojos, malo es de guardar. Y esos ojos, aun en medio de tanto trajín, han permanecido vigilando cualquier maniobra sospechosa de ilegalidad. Así que si el propio Gobierno autonómico aprobó esa "corrección de errores", ante el cariz que tomaba, se la ha endilgado al titular de Territorio y Vivienda, para que se la ventile como pueda. El presidente Camps, interpelado por los informadores, no se anduvo con circunloquios y los remitió al "consejero competente en materia de territorio", para que les desmenuzara el meollo de la cuestión. Francisco Camps y su Ejecutivo se sacudieron de encima la acusación de "chorizada", que les facturó la oposición, con el matasellos de dudas y recelos tanto de los letrados de la Cámara como de la misma Presidencia de la Generalitat. Era una demasía impertinente prorrogar los plazos de exención a los promotores, muchos de los cuales se beneficiaban así, por dos años más, al no ceder suelo protegido, en sus programas de actuación integrada. Después de tanta corrupción, no había más alternativa que el suicidio o la renuncia. Y Camps renunció. Y el consejero de Territorio y Vivienda, echó el freno, reflexionó y dijo en este diario: "Si los grupos parlamentarios socialistas y de Ezquerra Unida no aceptan la corrección de errores, estos no se corregirán". Salomónico, a palos, y qué remedio, en su adversidad y frustración, no tuvo más narices que meter la marcha atrás, y morder el polvo de tanto terreno recalificado y de tanto país arrasado por la especulación y sus alrededores. Y lo hizo a mandobles, divagaciones y polémicas, como cumple a quien, hasta los de su cuerda, lo han dejado en la estacada, y sin argumentos legales, ni defensas. En cualquier caso, la oposición se apresuró en poner al Consell, contra las cuerdas, y en advertirle de que podía caer en la tentación de usurpar la soberanía popular. Y por ahí, no puede ni el más pintado, si es que en verdad respeta la Constitución. Lo dijo Francesc Signes, secretario de Medio Ambiente del PSPV, y puntualizó que la dichosa corrección de errores podía constituir un acto susceptible de ser ilícito y muy cercano a la prevaricación. Y agregó, en referencia al consejero de Territorio y Vivienda, que Rafael Blasco, impulsor de la corrección de errores, es consciente de que permite eludir, en el debate parlamentario "cuestiones que afectan a derechos sustanciales de los ciudadanos, eliminando cesiones urbanísticas obligatorias, en perjuicio del interés público". El cronista, cuando observa que un cargo, orgánico o pasado por las urnas, de cualquier partido invoca los derechos de la ciudadanía, del pueblo, percibe simultáneamente el fastuoso fulgor y el más estricto sentido de la política, y que si se viene abajo, de inmediato, da en práctica de tabernarios acuchillándose por la pasta, o sea por el poder. En todo esto, por lo que el cronista advierte, más que de errores, se urdía una fe de horrores. Júzguelo. La Mesa de las Cortes ya la ha tirado a la papelera.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de diciembre de 2005