El Consell renuncia a ampliar mediante una fe de errores la exención a los promotores de ceder suelo

"Si los grupos parlamentarios socialista y de Esquerra Unida no aceptan la correción de errores, estos no se corregirán". El consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, asumió ayer de esta manera que no tiene más remedio que dar marcha atrás en el intento de ampliar a través de una fe de errores, aprobada por el Consell en su último pleno, la exención a los promotores de compensar con millones de metros cuadrados de suelo protegido aquellos proyectos urbanísticos que superen cierta densidad. Blasco se aferró a que se trataba sólo de un error material, pero arremetió contra los socialistas y sugirió que el PP puede llegar a votar en contra del artículo que recoge la moratoria en la ley de acompañamiento y generalizar, así, la obligación de la compensación a todos los planes urbanísticos o regular ese aspecto "en un par de meses" con una ley de sólo dos artículos.

El consejero aportó el precedente de una fe de errores en la Ley de Calidad de la Edificación

La fe de errores aprobada por el Consell en su pleno de la semana pasada no levantó una polvareda política por capricho. El cambio afectaba a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que actualmente se tramita en las Cortes tras acabar el plazo de presentación de enmiendas, y pretendía modificar una fecha de "julio de 2004" por "julio de 2006". Tal corrección implicaba, de hecho, ampliar en dos años el alcance de una exención prevista en la Ley de Ordenación del Territorio para la cesión de suelo protegido en todos los planes urbanísticos que supongan reclasificación de terrenos y cuyo índice de edificabilidad bruta no supere los 0,35 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo. Numerosos promotores, que en buena medida han venido adaptando sus programas de actuación integrada (PAI) a esa densidad, se veían con ello eximidos de compensar millones de metros cuadrados en decenas de proyectos. La oposición montó en cólera y acusó directamente al Consell que preside Francisco Camps de perpetrar una "chorizada" mientras juristas y expertos ponían en duda la legalidad de la maniobra.

La avalancha, que cogió por sorpresa a dirigentes del partido y de la Generalitat, no encontró más respuesta en el PP y en el propio gobierno autonómico que la alusión al supuesto carácter "técnico" de la medida. El consejero portavoz, Esteban González Pons, remitió para mayores explicaciones al consejero del área y lo mismo hizo el consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, que, paradójicamente, es quien firmaba la propuesta aprobada en el pleno que el Ejecutivo celebró en Castellón.

En una extensa nota elaborada por su departamento, el titular de Territorio y Vivienda salió ayer, finalmente, al paso de la polémica con su estilo inconfundible: arremetió contra las "contradicciones del PSPV-PSOE", al que acusó de haberse opuesto en su día a la Ley de Ordenación del Territorio, pese a que incluye "por primera vez en España" el modelo de que "quien consume territorio paga" mediante la "obligatoriedad de ceder la misma cantidad de metros cuadrados que pasan de rústicos a urbanizables". Tras explayarse en la crítica a los socialistas por sus incoherencias, la nota califica de falso "el argumento de la exención de ceder suelo a ningún promotor" y alega que "el Consell ha detectado (desgraciadamente tras la finalización del plazo de enmiendas) un error material en el texto de la Ley de Acompañamiento remitido a las Cortes y se ha limitado a comunicar dicho error".

Acto seguido, aporta un precedente para justificar esa práctica: una serie de errores detectados en marzo de 2004 en la Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación que se comunicaron a las Cortes una vez terminado el periodo de enmiendas. En aquella ocasión, el PSPV y Esquerra Unida "no pusieron el menor reparo". Sin embargo, asume de inmediato que "si los grupos parlamentarios socialista y de Esquerra Unida no aceptan la corrección de errores, estos no se corregirán, ya que las modificaciones de proyectos de ley no basadas en una enmienda formalmente presentada requieren, según el artículo 116 del Reglamento de las Cortes, que ningún grupo se oponga".

Con ello, la Consejería de Territorio y Vivienda no ha venido a dar la razón política, aunque sí la razón legal, a quienes argumentaban que era jurídicamente inaceptable usar la vía de la fe de errores para modificar un proyecto de ley en tramitación parlamentaria contra la voluntad de la oposición.

En declaraciones a este diario, Rafael Blasco explicó ayer: "No sé qué hará el Grupo Popular en las Cortes, pero yo voy a recomendarle que retire la corrección de errores". Según el consejero de Territorio y Vivienda, "no vale la pena que el PP fuerce las cosas" porque, en su opinión, "hay mil fórmulas" para resolver el asunto. En este sentido, apuntó dos posibilidades: votar contra los dos artículos que se proponía modificar en la Ley de Acompañamiento o elaborar otra ley que incluya sólo esos dos apartados.

En relación con su posición dentro del Consell, Blasco recordó que el pleno trató la fe de errores como una "formalidad", que fue otro consejero (Gerardo Camps) quien hizo la propuesta y que él no tuvo ni que informar sobre la cuestión.Insistió el consejero en el supuesto carácter de trámite de la corrección de errores y restó importancia al desaire que supone para el Consell de Francisco Camps el episodio. En respuesta a la pregunta de si el Gobierno valenciano tendrá que adoptar otra decisión plenaria para echar marcha atrás, Blasco consideró lo aprobado por el Ejecutivo como "una comunicación" efectuada a las Cortes, lo que no haría necesario que el Ejecutivo se desdijera formalmente de la propuesta.

Sin embargo, tras asumir la retirada de la iniciativa, advirtió: "La última carta todavía no la he jugado". El titular de Territorio y Vivienda sugirió que el Grupo Popular en las Cortes podría llegar a pedir la votación de la Ley de Acompañamiento "artículo por artículo" para votar en contra de aquellos a los que se refiere la frustrada fe de errorres. Otra posibilidad que sugirió Blasco no va a la zaga de la primera en espectacularidad parlamentaria. Consistiría en elaborar una ley ad hoc para regular la moratoria. "En un par de meses puedo hacer una ley de sólo dos artículos", comentó el consejero, que puntualizó: "Lo tengo que pensar".

La redacción original de la LOT sostiene que "toda clasificación de suelo no urbanizable en suelo urbanizable supone la cesión gratuita a la Administración de suelo no urbanizable protegido, con una superficie igual a la reclasificada" cuando la densidad es superior a los 0,35 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo. La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que el Consell utiliza como un cajón de sastre para modificar otras normas, prevé extender la obligación a todos los proyectos urbanísticos con independencia de su índice de edificabilidad, pero incluye otra referencia a la LOT camuflada en una disposición transitoria que obliga a cumplir con el programa metro por metro desde la fecha de aprobación de la ley, en julio de 2004. Esa es la transitoria que el Consell quería "corregir" para ampliar el periodo de moratoria hasta julio de 2006.

Las alusiones del consejero a la posibilidad de neutralizar en la votación del texto en las Cortes los artículos de la Ley de Acompañamiento que afectan a la LOT, por tanto, tienen su miga, porque podría volver a retrotraerse todo el asunto a los orígenes, es decir, a la exención prevista en la LOT, o suprimir de facto cualquier exención.

Blasco se esforzó ayer en apuntar al PSPV-PSOE por lo que calificó de "incoherencias" en materia urbanística. "La única realidad", rezaba la nota elaborada por su departamento, "es que el PP incorporó por primera vez la cesión de suelo y que esta norma no ha sido modificada, y cuando lo sea, será para incrementar las cesiones. A esta medida es a la que se opuso el PSPV-PSOE y ahora vuelve a oponerse". Según Blasco, tras un año y medio en vigor de la LOT, "la propia Consejería de Territorio y Vivienda, y no el PSPV-PSOE, cuyos ayuntamientos continuan presentando proyectos (30 en concreto, por un total de 24.549.502 metros cuadrados) y en este caso con un umbral de edificabilidad inferior a 0,35 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo -pero siempre muy cercano-, entiende que dicha excepción en la cesión debe eliminarse para hacer justicia en la distribución y no favorecer la edificabilidad de baja densidad que es la que más territorio consume".

Blasco vino a sugerir que, en realidad, los socialistas buscan "salvarle la cara" a los proyectos que sus ayuntamientos tienen en trámite. En su nota, cargada de acusaciones al partido que dirige Joan Ignasi Pla, el consejero llega a acusar al PSPV de intentar "torpedear las cesiones de suelo a las administraciones valencianas, incluidos los ayuntamientos".

De todas maneras, la nota de Territorio y Vivienda sólo aludía ayer a dos proyectos urbanísticos concretos, para desmentir que fueran beneficiarios de la fe de errores propuesta por el Consell. Se trata de la operación del Valencia CF en Porxinos y del plan de Marina d'Or en torno a Mundo Ilusión, en Oropesa y Cabanes. "Estaban exentos de ceder ni un solo metro", señala el escrito, "más allá de los establecidos en la LRAU socialista, y sin embargo, ha sido el propio gobierno de la Generalitat Valenciana en manos del PP el que les ha obligado a ceder 1.600.000 metros cuadrados en el primer caso y más de 5.900.000 metros cuadrados en el segundo caso, adelantándose de este modo a la entrada en vigor de la LOT".