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El arquitecto municipal imputado en la trama de Alcorcón cobró de los propietarios del suelo

La Guardia Civil descarta la implicación de los constructores Bravo y Vázquez en el caso

El informe que la Guardia Civil ha entregado al juez sobre la presunta trama urbanística de Alcorcón concluye que el arquitecto al que el Ayuntamiento de esta localidad encomendó el diseño urbanístico del Ensanche Norte recibió dinero de propietarios del suelo de esa zona y del propio Consistorio. Leopoldo Arnaiz Eguren, arquitecto afín al PP, figura como imputado en la supuesta trama de Alcorcón junto al ex alcalde de esta localidad Pablo Zúñiga (PP), los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez (en su día relacionados con la presunta compra del voto a los tránsfugas del PSOE en Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez), y el responsable de la constructora Valdepolo.

En el informe, encargado por el juez, la Guardia Civil explica que Arnaiz recibió, entre 2000 y 2003, casi 300.000 euros de empresas y sociedades dirigidas por Juan Benigno Alonso, propietario de suelo en la zona. El informe destaca que Arnaiz -a quien también se ha relacionado con otras tramas urbanísticas en distintos municipios de Madrid- recibió unos 60.000 euros del Consistorio en las mismas fechas.

Aunque no se especifica en el informe, se supone que este último importe lo recibió como pago de honorarios por el trabajo realizado. "No es normal trabajar para el Ayuntamiento y, a la vez, cobrar dinero de personas con intereses en la zona", señalan fuentes jurídicas.

Presunto delito fiscal

La Guardia Civil apunta en el informe un presunto delito fiscal cometido por las empresas Valdepolo. En concreto, señala que no consta que estas sociedades hayan declarado a Hacienda los alrededor de 7,2 millones de euros que recibieron de una entidad bancaria en esas fechas.

El informe ha sido elaborado por la Sección de Delitos Financieros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con información proporcionada por la Agencia Tributaria. Fue entregado el pasado 5 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón.

Este juzgado investiga una querella de la Fiscalía de Urbanismo, que coordina Emilio Valerio, por asociación ilícita para cometer delitos relacionados con el mercado, prevaricación, revelación de secretos, cohecho y negociaciones prohibidas, entre otros delitos.

El fiscal señala en la querella que el ex alcalde Zúñiga se "concertó" con constructores de la zona y les proporcionó supuestamente información privilegiada en el marco de una vasta operación tendente a especular con suelo residencial. El informe pericial no alude a ningún flujo de dinero entre el ex alcalde y las citadas empresas o el arquitecto.

La misión de Arnaiz, elegido por el alcalde, según la querella, era elevar informes al regidor indicando cómo desarrollar urbanísticamente los gigantescos solares (más de un millón de metros cuadrados) denominados Ensanche Norte y Ensanche Sur. Este periódico ha intentado, sin éxito, recabar la versión de Arnaiz.

El juez ordenó una investigación de las empresas que habían operado en la zona y de los movimientos de dinero. El informe de la Guardia Civil destaca que Alonso era "el representante de la comisión gestora Venta de la Rubia", uno de los parajes objeto del rediseño urbanístico encomendado a Arnaiz. Además, es dueño de Valdepolo de Servicios, SL, y de Promociones Alcorcón, entre otras empresas con intereses en la zona. La primera sociedad citada, según el informe, pagó a Arnaiz, en 2001, 9.411,50 euros. Promociones Alcorcón 2000 pagó otros 27.888,96 a la sociedad Arnaiz Consultores, SL. Ésta es la misma empresa que recibió del Ayuntamiento 10.806 de los cerca de 60.000 euros que en total, según el informe, entregó este municipio a Arnaiz por sus trabajos.

Flujos de dinero

Entre los querellados también figuran los constructores Bravo y Vázquez -relacionados en su día con la deserción de los diputados Tamayo y Sáez-, propietarios de una pequeña parcela en la zona. El informe de la Guardia Civil no revela flujos de dinero entre ambos constructores y el arquitecto Arnaiz. Han sido investigadas las empresas Vaz Inversora e Inmobiliarias, SA, gestionadas por ambos. También lo ha sido la sociedad Aparcamientos Cantarranas, gestionada por Bravo y Vázquez y por Manuel Camilo Hermo. El informe muestra pagos entre estas sociedades y el Ayuntamiento.

Las sociedades de Bravo y Vázquez operaron con suelo situado en los parajes de La Princesa, Barranco Crinche y Palomares, situadas en el Ensanche Sur de Alcorcón. Bravo es el constructor que reservó una habitación en un hotel de Madrid para los diputados Tamayo y Sáez el mismo día en que ambos protagonizaron la espantada de la Asamblea.

El llamado caso Alcorcón se ha reactivado tras la reciente reincorporación a la causa del fiscal Valerio, quien se abstuvo de intervenir en ella después de que varios imputados interpusieran contra él una denuncia por la supuesta filtración de la querella origen del actual procedimiento judicial sobre la supuesta trama urbanística de Alcorcón. El Tribunal Superior ha archivado la querella.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de diciembre de 2005