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El PP consigue llevar a juicio a los tres policías que detuvieron a dos de sus militantes

La Sección 16 de la Audiencia de Madrid juzgará el próximo mes de abril a un comisario y dos inspectores de policía que condujeron a dos militantes del PP a dependencias policiales para interrogarles sobre la agresión al ministro José Bono en una manifestación de la AVT.

Aunque los tres policías se enfrentan a penas de 10, 8 y 4 años de prisión, que pide para ellos el PP, el secretario general de este partido en Madrid, Francisco Granados, aseguró ayer que su grupo "no se alegra en absoluto" de esta resolución y subrayó que la intención de su partido al poner en marcha este proceso "no ha sido en absoluto perjudicar a ningún funcionario policial".

El juez de instrucción Carlos Valle acordó la apertura de juicio contra los tres policías a instancias del PP y en contra del criterio del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. Como contra esa decisión no cabe recurso, la Audiencia repartió el asunto, que correspondió a la Sección 16, y ésta señaló el juicio para el mes de abril.

Sin embargo, quedaban pendientes, ante la Sección Sexta de la Audiencia, sendos recursos de los policías contra el auto de conversión en procedimiento abreviado que, de haber sido estimado, habría determinado el archivo del caso.

De forma "indiciaria"

La Sección Sexta ha tardado más de dos meses en resolver los recursos y la resolución, adoptada por los jueces Francisco Serrano Gassent, José Manuel Fernández-Prieto y Julián Abad, confirma íntegramente la del juez instructor. Aunque el tribunal reitera hasta una veintena de ocasiones que ha examinado los hechos de forma "indiciaria", el auto llega a conclusiones que tienen todas las trazas de una sentencia condenatoria al asegurar -siempre de manera "indiciaria"- que no había base para la detención de los dos militantes del PP y que los policías falsificaron el atestado del interrogatorio.

El tribunal dice que la detención de los militantes del PP de Las Rozas Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz podría haber estado justificada "en el momento de los hechos", para proteger al ministro o por los desórdenes públicos, pero ésta se produjo tres días después cuando ya había pasado el peligro. Añade que "ninguna agresión física o amenaza se había producido" por los militantes del PP dada la distancia a que estaban del ministro, por lo que "no existían motivos bastantes para creer que tuvieran participación" en los hechos, "de manera que no existía base para su detención en el momento que se produjo".

En cuanto al cambio de instructor y secretario del atestado, el tribunal de apelación afirma que "estamos ante una falsedad consistente en suponer la intervención en el atestado de dos agentes que no la tuvieron" y "ante la confección íntegra de un nuevo documento falso" para hacer figurar como instructor y secretario a dos agentes que no lo fueron.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de diciembre de 2005