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El Gobierno asegura que investiga las amenazas a los agentes de Almonte

López Garzón niega que se hayan abiertos expedientes disciplinarios

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, afirmó ayer que la Guardia Civil ha abierto una "información externa" de cara a esclarecer el origen de las presuntas "amenazas y agresiones" denunciadas por los 27 guardias civiles del cuartel de Almonte (Huelva) y detener a los culpables. Esos efectivos se encuentran de baja desde el pasado martes. Sus sustitutos tratan de encontrar a los supuestos delincuentes.

Los agentes denuncian haber sufrido amenazas y agresiones, así como destrozos en sus propiedades. "Una vez que concluya la investigación se adoptarán las medidas oportunas", destacó el delegado. López Garzón negó que se hayan abierto expedientes disciplinarios.

El delegado del Gobierno remarcó que la situación denunciada por los agentes se conoce "desde hace unos días" y no desde marzo como argumentan. "Han sido hechos puntuales, aislados. El responsable de la Comandancia se reunió con ellos recientemente y no detectó la gravedad del asunto porque no le comentaron nada", aseveró.

López Garzón subrayó que se han adoptado medidas necesarias encaminadas "a tranquilizar a los familiares de los agentes afectados". El delegado del Gobierno animó a los guardias civiles de baja a que en el momento en que se repongan "traten de localizar a las personas que los han agredido y las pongan a disposición de la justicia".

Juan José López Garzón trasladó un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Almonte: "Que tengan la certeza de que la Guardia Civil ha dispuesto los efectivos necesarios para garantizar la seguridad de los bienes y las personas en el municipio. Que sepan que no están desprotegidos". Además, López Garzón manifestó la voluntad de la Guardia Civil de incrementar los efectivos y "las medidas complementarias" si resultara necesario. El delegado negó que el traslado de efectivos de otras unidades de la zona a Almonte vaya a suponer un "recorte" en la seguridad de otras localidades. Y señaló que entre las medidas de seguridad que está previsto aplicar en el cuartel de Almonte figuran "la instalación de un sistema de seguridad electrónico, el recrecimiento del muro de protección del cuartel o la instalación de luz en la parte trasera del edificio", como habían demandado los agentes.

López Garzón aseguró que los mandos de los guardias civiles de baja "están preocupados" por la situación y rechazó que hayan eludido el asunto. López Garzón remarcó que la delegación del Gobierno "no se ha planteado" la dimisión de Manuel Bago, subdelegado del Gobierno en Huelva. "El PP está en todo su derecho de reclamar dimisiones. Hace las funciones de un partido en la oposición", zanjó.

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Por su parte, la Junta Directiva de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclamó ayer la dimisión de Manuel Bago y el cese "inmediato" del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, José Antonio Hurtado, ante la situación en que se encuentran los guardias civiles de Almonte.

La AUGC consideró "intolerable" las declaraciones formuladas ayer por Juan José López Garzón en relación a que los guardias civiles se "animaran a detener a las personas que hagan ese presunto delito y ponerlos a disposición de la justicia". Y agregó: "La AUGC no va a permitir que se culpabilice a los guardias civiles para que otros eludan sus responsabilidad".

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