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Editorial:

La barra de hielo

El Congreso de los Diputados desestimó ayer la solicitud del PP de reprobar a José Montilla, y de abrir una investigación parlamentaria para determinar si hay un conflicto de intereses del ministro de Industria y primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en la OPA de Gas Natural sobre Endesa y la condonación parcial en 2004 de un crédito concedido a su partido por La Caixa en 1986. La propuesta entra, evidentemente, en la estrategia de desgaste emprendida por el primer grupo de la oposición contra el Gobierno, que ha arreciado con el proyecto de reforma del Estatuto catalán. Eso no significa que Montilla, y con él la dirección del PSC, debiera sentirse satisfecho con el argumento de que ello ocurre también en otras formaciones. Operaciones como la de perdonar 6,5 millones de euros en intereses no son el mejor ejemplo de ética política.

En realidad, si existe un caso Montilla, éste no es otro que el caso generalizado de prácticas irregulares cometidas desde el regreso de la democracia por todos los partidos a través de donaciones anónimas y de muy generosas renegociaciones de préstamos por parte de bancos y cajas de ahorros. Fue bautizada irónicamente como "la barra de hielo". Es decir, nuestros políticos se mueven con la tranquilidad de saber que el tiempo derrite las obligaciones crediticias de los partidos con la misma facilidad que el calor licúa el agua helada. En tales prácticas todos tienen las manos sucias -PP, PSOE y los grupos nacionalistas-, como viene denunciando en sus informes el Tribunal de Cuentas ante la mayor indiferencia de la clase política.

Resulta insuficiente que el ministro responda a las críticas de la oposición replicando que más graves fueron las actuaciones del PP en la condonación de créditos contraídos antes con Caixa Galicia o Caja Granada; e igualmente no son de recibo las declaraciones de los populares contra Montilla. Es legítimo, sin embargo, preguntarse si no sería prudente que el titular de Industria se inhibiera cuando el Consejo de Ministros se pronuncie sobre la OPA de Gas Natural, controlada por La Caixa, para eliminar cualquier sospecha de favoritismo.

No es posible sostener que unos deben quedar más exonerados que otros de este tipo de prácticas financieras. Generan por igual un fondo potencialmente corruptor. Harían bien nuestros políticos en repasar la historia reciente en países europeos como Italia donde el escándalo de las tangenti (comisiones) derrumbó todo el sistema. De ahí la importancia que tiene el que, finalmente, pueda aprobarse -cuanto antes mejor- la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, para poner así fin a tanta opacidad financiera.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de noviembre de 2005