El 'caso KIO' vuelve a la Audiencia Nacional

El caso KIO vuelve a los tribunales. El próximo 5 de diciembre se reanudará en la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional el juicio por las operaciones Pincinco, Prima Inmobiliaria y Oakthorn, tres de las que componen ese caso. El asunto arranca con la suspensión de pagos que realizó en España la sociedad kuwaití tras la descapitalización del Grupo Torras, cuya adquisición había exigido ingentes inversiones. La vista se suspendió hace unos días después de que el tribunal decidiera el 11 de noviembre acumular en el mismo juicio otras dos operaciones: Quail (la sociedad instrumental utilizada por el financiero Javier de la Rosa) y Acie (otra empresa empleada para facturar).

La investigación judicial sobre la actuación de los ex inspectores está a punto de concluir

Folchi dijo a la justicia inglesa que Aguiar cobró 262.000 dólares, algo que nunca sucedió

Aguiar fue exculpado hace un año por la juez instructora en el caso de la trama de corrupción de Hacienda y EL PAÍS informó de ello

La fiscalía asegura que Aguiar y Huguet cometieron delito fiscal al recibir dinero en Suiza, algo que ambos reconocen, aunque ha prescrito

A aquel juicio acudió el abogado barcelonés Javier Rodrigálvarez para defender a Ernesto de Aguiar Borrás, delegado especial de Hacienda en Cataluña entre 1984 y 1988 y ex director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales entre 1988 y 1990. Aguiar figura en este proceso como "partícipe a título lucrativo" en lo que se refiere a la responsabilidad civil y la justicia le reclama el pago de 241.442 euros. Esta reclamación se produce por la vinculación de Aguiar con la operación Oakthorn: la concesión a esta compañía, por parte de Torras Hostench London, LTD, de dos préstamos de 55 y 50 millones de dólares para hacerse con parte del patrimonio del Grupo Torras.

Junto a Ernesto Aguiar, por esa misma operación, también figuran como partícipes a título lucrativo José Maria Huguet, jefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña entre 1984 y 1993, y Mercedes Misol, esposa de De la Rosa. Por los dos préstamos a Oakthorn, la fiscalía imputa los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas a De la Rosa y a su estrecho colaborador, el abogado Juan José Folchi.

Las operaciones Pincinco, Prima Inmobiliaria y Oakthorn se empezaron a investigar en 1993 por la Audiencia Nacional tras la querella presentada por el Grupo Torras contra sus antiguos administradores, el grupo de De la Rosa. La magistrada Teresa Palacios concluyó la investigación en junio de 2002 e incoó procedimiento abreviado, por el que instaba a las partes a solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. La magistrada asegura en esa resolución que una parte del préstamo de 55 millones de dólares a Oakthorn dio lugar a "la realización de una cadena de pagos con distintos destinos": 775.373 dólares fueron a Folchi; 137.522, a Huguet, y 137.500 dólares, a Aguiar, entre otros. Esos pagos se realizaron "siguiendo las órdenes que dio" Folchi, según el auto judicial.

Tras la petición formulada por la fiscalía y por el Grupo Torras, la juez Palacios dictó auto de apertura de juicio oral el 4 de marzo de 2003. En el apartado referido a la responsabilidad civil por la operación Oakthorn, vuelve a señalar a Aguiar como "partícipe a título lucrativo de los efectos del delito" e indica que "deberá indemnizar al Grupo Torras" con los 137.500 dólares del pago que recibió, más los intereses legales percibidos desde la fecha, que se calculan provisionalmente en 241.442 euros. Ésa es la cifra que ahora le reclama a Aguiar la Audiencia Nacional en la vista que se reanudará el próximo 5 de diciembre, tras desestimarse la argumentación de la defensa de que no existía responsabilidad y que, de ser así, se había calculado mal y ascendería a 147.071 euros.

El asunto saltó a la luz pública el 9 de abril de 1999, cuando EL PAÍS publicó una información titulada Un ex director general de Hacienda cobró 40 millones de pesetas de Torras en Suiza en 1990. En ella se explicaba que Ernesto Aguiar había recibido en una cuenta del Banco Paribas de Suiza un ingreso de 262.000 dólares y otro de 137.500 dólares por asesoramiento fiscal realizado entre 1989 y el verano de 1990. La fuente de la información era Juan José Folchi, basándose en las declaraciones que éste había prestado ante los jueces de Londres. Según Folchi, el primero de los pagos estaba relacionado con la operación Pincinco, referida a la presunta apropiación indebida de 300 millones de dólares durante la guerra del Golfo, y el segundo, con la operación Oakthorn.

Contrariamente a lo que aseguró Folchi en sus declaraciones ante los jueces británicos, no se pudo acreditar en sede judicial española el pago de 262.000 dólares a los que aludía esa primera información. Folchi declaró en calidad de imputado ante la juez Palacios el 29 de junio de 1999, y relató que Aguiar y Huguet tenían diversas cuentas en Suiza. Respecto al pago de 262.000 dólares reconoció que "es claramente un error que no sufrió el declarante, sino un perito judicial suizo".

EL PAÍS publicó al día siguiente una amplia información sobre la declaración de Folchi en la que el redactor no aludía a ese "error" de 262.000 euros. En cuanto a los otros 137.500 dólares, persisten en la causa y es la cantidad de la que Aguiar deberá responder ante la Audiencia Nacional. En el auto de apertura de juicio oral se requería a Aguiar y al resto de acusados para que prestaran la fianza por las cantidades impuestas y se les advertía de que, en caso de no hacerlo, se les embargarían sus bienes. José María Huguet también figura como partícipe a título lucrativo y la justicia le exige el pago de la misma cantidad que a Aguiar: 241.442 euros.

Tras varios años de investigación, la juez Teresa Palacios consideró que los pagos a Aguiar y Huguet no constituían delitos en sí mismos, pero ambos quedaron en la causa como responsables civiles porque Torras les exigía la devolución del dinero cobrado.

Ante la condición de funcionarios públicos de Aguiar y Huguet como inspectores de Hacienda, la juez Palacios dedujo testimonio de sus actuaciones al Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona. En ese juzgado se estaba investigando desde principios del año 2000 una querella de la fiscalía por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y contra la hacienda pública.

La querella se dirigía contra Aguiar, Huguet y diversos cargos de la Inspección de Hacienda, a los que se acusaba de "obtener pingües beneficios" por "ofrecer impunidad" a destacados contribuyentes barceloneses. Entre los cargos de Hacienda querellados figuraba el ex inspector Álvaro Pernas. Una parte de la investigación judicial referida a la constructora Metro-3 fue separada por la juez instructora y sentó a Pernas en el banquillo. La Audiencia de Barcelona le condenó en septiembre de 2002 a 10 años y medio de cárcel por cohecho, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos públicos. El Tribunal Supremo ratificó la condena en diciembre de 2003.

Al margen del caso Pernas, el resto de la investigación sigue abierta y ya ha entrado en su recta final. Huguet y numerosos cargos de la Inspección de Hacienda siguen imputados, al igual que Folchi y varios empresarios de Barcelona, pero no Aguiar.

La juez instructora Elisabet Castelló archivó en diciembre de 2004 las diligencias referidas a Aguiar, atendiendo así la petición del fiscal de entonces, Carlos Ramos. El fiscal explicaba en su escrito que Aguiar tenía una cuenta abierta en la Banca Paribas de Suiza en la que "desde el 3 de septiembre de 1990 recibió en cuatro remesas (...) otras tantas cantidades de dinero en diversa moneda procedentes de cuentas, también abiertas en bancos extranjeros, cuyo autorizado a disponer era el también querellado Juan José Folchi".

El fiscal relataba también que las transferencias a Aguiar se realizaron el 25 de septiembre, el 30 de octubre y el 15 de noviembre de 1990 y el 28 de febrero de 1991, y que las cantidades fueron de 1.158.074 ecus, 137.500 y 662,50 dólares, y 10 millones de pesetas. En total, 1,41 millones de euros (235 millones de pesetas), igual cantidad a la cobrada por Huguet.

Aguiar abrió la cuenta suiza el 3 de septiembre de 1990, con una numeración consecutiva a la de Huguet, y cuando recibió el primer ingreso aún era director general de Coordinación de Haciendas Territoriales. No abandonó el cargo hasta el siguiente mes de octubre. Según la fiscalía, Aguiar creó una sociedad, Kunsan, SA, que a su vez participaba en otra, Aravaca de Inversiones, SA, de la que eran partícipes Huguet, Pernas y el también inspector José Ramón Morató. La sospecha inicial del fiscal era que tras ese "conglomerado de sociedades" se podría "ocultar algún concierto criminal", pero la investigación no lo acreditó: sirvieron para invertir en Bolsa.

El fiscal hacía un paralelismo entre Aguiar y Huguet, y concluía que se había utilizado el argumento de "ligar la suerte procesal de uno a otro", pese a que Huguet siguió siendo funcionario hasta 1993 e intervino en numerosas inspecciones, mientras que Aguiar dejó de serlo en octubre de 1990 y participó en muy pocas. "Este paralelismo ha venido, por tanto, perjudicando la suerte procesal individual del señor Aguiar al ser utilizado para trasladarle a él, sin más, la progresiva intensidad y pluralidad de los indicios existentes contra José María Huguet", especificaba la acusación pública.

El fiscal resaltaba que Huguet y Aguiar habían manifestado en todas sus declaraciones que el dinero de las cuentas suizas lo ganaron en Bolsa, que acudieron a Folchi para evadirlo y que esos ingresos nada tenían que ver con su actuación profesional. "Esta versión supone la aceptación de la comisión por parte de los señores Huguet y Aguiar de diversos delitos contra la hacienda pública en ejercicios fiscales antiguos (1986, 1987 y 1988) ya prescritos", concluía. En el caso de Aguiar, aseguraba que, durante la instrucción de la causa, "lo único acreditado hasta el presente ha sido la obtención de un enriquecimiento por motivo desconocido, constitutivo de varios delitos contra la hacienda pública prescritos".

El propio Aguiar así lo reconoce en un extenso artículo publicado en El Mundo el pasado 21 de noviembre, al referirse a su esposa: "De mi cuenta suiza tampoco quiso que le explicase nada. Se limitó a decirme que no le parecía bien y que era algo que debía resolver cuanto antes: que pagase los impuestos y me quedase tranquilo". Y añadía una referencia a su padre, que "desde su sentido absoluto de la ética, estaba preocupado por lo que pudiese haber de cierto en lo que los medios estaban diciendo y por el hecho mismo de que no hubiese pagado correctamente mis impuestos..."

EL PAÍS publicó puntualmente el 25 de noviembre de 2004 la petición del fiscal de exculpar a Aguiar en el caso de la trama de corrupción de Hacienda. El ex inspector atendió la llamada de este diario y declinó pronunciarse sobre ello "argumentando que iba a darse un plazo de seis meses antes de hacer cualquier consideración y decidir cómo actuará". También con puntualidad, el 18 de diciembre, este diario informó de la decisión de la juez de exculpar a Aguiar, a la que se opuso el abogado del Estado.

"Que el imputado Ernesto Aguiar disponga de un patrimonio cifrado entre los 200 y los 300 millones de pesetas en el momento de su afloramiento y cuyo origen pudiera estimarse presuntamente ilícito, no es motivo suficiente para mantener la imputación del mismo, a la vista de que no consta actividad ilícita concreta retribuida que pueda estar en el origen del mismo", concluía la juez.

En suma, de su supuesta participación en la trama corrupta de Hacienda fue exculpado por la juez de Barcelona, de lo que informó este diario. Del presunto pago de 262.000 dólares que recibió Aguiar y de cuya tramitación judicial informó este diario, nunca llegó a acreditarse, por lo que en este punto asiste la razón a Aguiar cuando afirma que EL PAÍS no informó de este importante extremo, el decaimiento de esta acusación. Del otro pago de 137.000 dólares se sigue el juicio en el que aparece como partícipe a título lucrativo.

El inicio de estos procedimientos judiciales tuvo repercusiones políticas. El 14 de mayo de 1999, apenas 40 días después de que trascendieran los pagos a Aguiar y Huguet y de que fuesen imputados, el entonces candidato socialista a la presidencia del Gobierno, José Borrell, presentó su dimisión para no perjudicar al PSOE en vísperas electorales. "No se trata de mantener la carrera a cualquier precio", dijo, tras aclarar que no tenía relación con la actividad lucrativa de Aguiar y Huguet que más tarde se calificaría como delito fiscal. Ambos habían ocupado cargos de responsabilidad durante la etapa en la que Borrell fue secretario de Estado de Hacienda. Éste no dimitió por ninguna "conspiración", sino al trascender que sus ex colaboradores estaban siendo acusados por la justicia.