La hepatitis C en primera persona

La hepatitis C en primera persona se escuchará en el juicio que se celebra en la sección segunda de la Audiencia de Valencia a partir de mañana. Ocho afectados relatarán al tribunal cada día, según lo previsto, cómo se sienten, cómo ha cambiado su vida desde que en una operación, supuestamente, contrajeron una enfermedad que no tenían. Los 276 afectados por el contagio masivo del virus de la hepatitis C que se imputa al anestesista Juan Maeso contestarán, entre otras cosas, si saben o recuerdan si el procesado fue la persona que les anestesió. A partir de mañana, los relatos de cada paciente, que hasta ahora han sido piezas separadas sobre las que se ha discutido fechas, firmas, anotaciones, copias y originales, serán testigos directos de un contagio.

Con ellos empieza una etapa distinta del juicio cuya vista oral se inició el pasado 12 de septiembre. El tribunal, que preside el magistrado José Andrés Escribano, ha escuchado ya 91 testimonios. Con ellos se ha compuesto, no sin contradicciones, una primera parte de la historia. Ha quedado claro que los médicos de Telefónica dieron la voz de alarma al hospital Casa de Salud a finales de enero de 1998 sobre un número que consideraban excesivo, aunque fueran sólo cuatro, de contagios de hepatitis C en relación con intervenciones realizadas en los seis meses anteriores. Y seguir la pista de esa primera alerta hizo que la gerencia de la Casa de Salud obligara a sus trabajadores y a los profesionales sanitarios que usaban sus instalaciones a realizarse pruebas de hepatitis C. Entre los tres primeros positivos estuvo el de Juan Maeso. Con aquel análisis se le apartó del centro médico, se inició un histórico de pacientes en cuyas intervenciones supuestamente había participado el anestesista. Se buscó en ellos el rastro del virus, se dio parte a Sanidad, se inspeccionó en La Fe y se empezó a tejer la causa que ahora se juzga. Buena parte de los que fueron protagonistas de la tormenta sanitaria que se desató entre febrero y mayo de 1998 han declarado ya. Lo han hecho enfermeras, hematólogos, ginecólogos, traumatólogos, cardiólogos, directivos, profesionales que de una u otra manera estuvieron en contacto con Maeso entre 1988 y 1998 en la sanidad pública y en la privada, en cuatro centros de la ciudad de Valencia. Han sido las voces de la acusación pública, aquellas versiones de los hechos que el fiscal Javier Carceller ha considerado necesarias para que el tribunal se aproximara al escenario en el que a su juicio Maeso se pinchaba opiáceos y después, y con la misma jeringuilla, pinchaba a los pacientes contagiándoles en ese acto el virus de la hepatitis C. Para ello, se han revisado documentos, descrito vestuario, analizado tensiones profesionales, dibujado formas y maneras de moverse con luces y sombras en un quirófano y aventurado filias y fobias para refrendar o invalidar rumores sobre el anestesista. Los 276 afectados son la siguiente baza de las acusaciones contra el imputado. Aún quedan por declarar 489 testigos, de los que 213 son de la defensa de Maeso. Por ahora, ha quedado claro que hasta 1998 no existía un protocolo claro, homologado y obligatorio que constatara de forma irrefutable quiénes intervenían en una operación más allá del cirujano. El anestesista no constaba. Si uno no sabía hacer epidurales, como reconoció el médico Sáez Merino, lo sustituía otro y resultaba a efectos administrativos un ente nuevo: Sáez-Maeso. Los calendarios de guardias tenían validez escasa, sobre ellos se tachaba, a veces ni eso, un nombre por otro sin supervisión alguna. Donde ponía Fontestad podía llegarse al quirófano y pasar a ser sin aviso previo Maeso. Y viceversa. Así las cosas, Maeso, según las acusaciones, pudo estar donde no aparece que estuvo pero cuyo rastro se adivina por las pruebas genéticas del virus que entienden incontestables. Para la defensa del anestesista, donde dice que sí estuvo pudo no haber estado y existir un factor distinto de contagio, porque no entiende incontestables sino viciadas las pruebas genéticas. Las historias clínicas han desvelados lagunas importantes en el proceder sanitario: no se hacían perfiles hepáticos antes de quirófano (no se puede determinar si un paciente tenía o no la hepatitis C antes de ser intervenido, aunque para las acusaciones está determinado porque las pruebas genéticas han descrito como iguales el virus de los pacientes incluidos en la causa y el de Maeso); los controles sanitarios a los profesionales no eran obligatorios (ahora tampoco); los tóxicos han estado más accesibles de lo que se pensaba; determinado material, sobre todo en Casa de Salud, era esterilizado aunque fuera de un solo uso; las mutuas han pagado sin tener acreditación de si la persona que cobraba había o no intervenido. Esa confusión es entendida en contra del procesado por las acusaciones. Francisco Davó, letrado de la defensa, entiende que esa confusión invalida los hechos probados señalados hasta ahora por las acusaciones.