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Vecinos de Adra exigen a Costas una solución ante el peligro de que el mar invada sus casas

Los afectados rechazan el nuevo deslinde y dicen que no abandonarán sus viviendas

Vecinos de los núcleos costeros de La Caracola, Guainos Bajos y El Lance, del municipio almeriense de Adra, advirtieron ayer al director general de Costas, José Fernández Pérez, que no abandonarán sus viviendas, situadas sobre dominio público marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre. Los planes del Gobierno afectan a 500 familias y a 62.000 metros cuadrados de una zona donde el mar amenaza las viviendas.

El Gobierno explicó en septiembre que se trata de "aprovechar la oportunidad" que ofrece la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana para plantear globalmente el traslado de un conjunto de viviendas y edificaciones "en frágil situación urbanística, según la Ley de Costas, hacia nuevas zonas urbanas de expansión del municipio".

La zona de la propuesta de actuación está delimitada por la carretera N-340, que discurre por el borde superior del talud y la orilla del mar. Al mismo tiempo, se prevé dotar a estas zonas de un importante equipamiento litoral al servicio de todos los usuarios de la costa, con suficientes garantías de estabilidad de cara al futuro

Una de las portavoces vecinales, Raquel Espín, avanzó que no comparten la idea de abandonar sus viviendas: "Lo único que pedimos es que cumplan con su deber. No es ningún boom turístico, son casitas típicas de Adra de toda la vida. Nosotros no sólo decimos no a ese plan, que es una barbaridad absoluta, sino que además creemos que nos merecemos una defensa de la costa".

José Fernández insistió en el carácter "informativo" del encuentro y aseguró que nunca se ha planteado un desalojo por parte del Ministerio a las 500 familias abderitanas. "Medio Ambiente nunca ha tenido ninguna voluntad de emprender ninguna acción que supusiera el desalojo de los vecinos. Y no se va a emprender ninguna acción encaminada a desalojar a los vecinos", manifestó.

Los vecinos defienden un estudio realizado por el Ejecutivo anterior que estimaba la posibilidad de construir tres espigones sumergidos que garantizaban la defensa de ese trozo de litoral. El director general de Costas no se comprometió a retomar el trabajo del Gobierno anterior, ya que ni siquiera se llegó a conformar en un proyecto.

"No se trata de explicar soluciones. Estamos empezando el proceso. Se trata de intentar explicar las posiciones de partida y los puntos de vista, la situación real que hay, pero es pronto para dar soluciones", concluyó José Fernández.

Por su parte, el concejal de Alcaldía, Manuel Fernández (PP) respaldó la posición de las familias. "Sus viviendas son tan legales como la ley de Costas. Han estado ahí desde hace 100 años", reprochó el edil.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de noviembre de 2005