Carlos Fernández asegura que la acusación de malversación por la que se le juzga es "falsa"

El concejal del Partido Andalucista (PA) en Marbella Carlos Fernández, aseguró ayer que la acusación de malversación por la que le juzga la Audiencia de Málaga es "falsa" y que toda la trama ha sido montada intencionadamente con el objetivo de apartarle de la política. Fernández hizo responsable de ello a los tres últimos alcaldes de la ciudad, Jesús Gil, Julián Muñoz, y la actual, Marisol Yagüe.

El juicio contra Fernández no comenzará hasta hoy, ya que ayer la sesión se agotó en la elección de las 11 personas que formarán el jurado popular y que han sido seleccionadas entre una veintena de candidatos. La Fiscalía solicita para el actual portavoz del grupo municipal del PA marbellí una pena de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por malversación. La acusación sostiene que Fernández se quedó con parte del dinero de unas subvenciones para la Unión Deportiva San Pedro en la temporada 1997-98, cuando era concejal de Deportes y formaba parte del equipo de Gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL). Aquel episodio, denunciado por Gil, supuso la salida de Fernández de esta formación, origen de su posterior incorporación al PA.

Según la acusación, ocho jugadores de este equipo de fútbol firmaron con el Ayuntamiento sueldos por un total de 280.700 euros, de los que solo recibieron 195.000.

Los sueldos fueron negociados por la concejalía de Deportes y el entonces entrenador de la U.D. San Pedro, Ramón Heredia, también acusado en el procedimiento junto a un empleado de la concejalía de Deportes, Antonio de Sola.

Fernández se mostró ayer "tranquilo" y convencido de que al fin podrá demostrar su inocencia en un proceso "de mucha ansiedad en el que mi familia ha sufrido mucho, aunque la fuerza de la verdad está por encima de la intoxicación".

Fernández formó parte del actual equipo de Gobierno de Marbella junto a los otros dos ediles del PA hasta el pasado mes de septiembre, cuando fueron expulsados por Yagüe por supuestamente exigir dinero para financiar el partido a empleados municipales.