El juez imputa a dos notarios y a otras cinco personas por el 'caso Ciempozuelos'

La justicia ha estrechado el cerco sobre siete supuestos implicados en el caso Ciempozuelos (el presunto intento de un grupo empresarial de adueñarse de 152 fincas de terceras personas valoradas en unos 35 millones de euros). El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valdemoro, Agustín Carretero, aprecia "un delito de estafa y otro de falsedad en documento privado" en la actuación de cinco de los implicados y otro de "falsedad en documento público" en la de los dos notarios que validaron con escrituras la compraventa de estas fincas.

El juez acaba de dictar un auto en el que convierte las diligencias en un procedimiento abreviado. Eso quiere decir que si los denunciantes o el fiscal, partes en este proceso, mantienen su acusación, los imputados terminarán previsiblemente en el banquillo. El juez describe en su auto, fechado el pasado 11 de noviembre, una trama según la cual cuatro de los inculpados habrían convencido a un anciano para que, a cambio de dinero, fingiera ser el dueño de las fincas y se las vendiera a ellos. Luego habrían acudido a dos notarios que hicieron las escrituras sin poner trabas.El juez señala que cuatro de los inculpados -Ángel P. V., Ángel P. L., Luis M. T. y Eva M. N. B.- "concertaron" con un quinto, Ángel G. C., que "fingiera ser dueño de numerosas fincas" y se las vendiera a ellos. Los dueños auténticos eran en realidad otras personas e instituciones como el Arzobispado o la Comunidad de Madrid.

Según el auto que acaba de dictar el juez Carretero, los cuatro inculpados "pactaron" con Ángel G. C. (vecino de Ciempozuelos y de "avanzada edad") darle una cantidad de dinero si fingía ser el dueño de las fincas y, además, ellos lograban inscribirlas en el Registro.

De momento, no lo han logrado, puesto que el registrador observó irregularidades en las escrituras y se negó a inscribirlas. Al margen de que el juez, mientras dure la investigación, ha prohibido que se modifique la titularidad de estas 152 fincas.

Añade el juez en su auto que "la cobertura" empleada por los imputados para hacer creer que las fincas eran de su compinche Ángel G. C. fue "un documento antiguo fotocopiado y, además, falso". Es decir, se valieron de un papel falso en el que se indica que Ángel G. C. recibió las fincas como herencia de su padre, un exiliado de la Guerra Civil.

Ángel G. C. mantuvo inicialmente ante el juez la "falsa" versión de que las fincas las había recibido de su padre, pero después se arrepintió e hizo otra declaración en la que destapó toda la trama y culpó de su gestación a los otros. A la vez que desvelaba la trama, pidió protección al juez, que le fue concedida, frente a los otros implicados. Éstos se sirvieron de ocho empresas creadas por ellos para canalizar las operaciones de compraventa. Las fincas de las que supuestamente quieren adueñarse no están inscritas en el registro, pese a que los auténticos dueños pagan por ellas ante el Catastro.

En su auto, el juez reprocha a los notarios que obviarán "una mínima indagación sobre los títulos originarios" de las fincas y los supuestos artificios que emplearon para, con sus rúbricas, dar apariencia de legalidad a las compraventas.