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El juez archiva el caso de la caída del puente de Esparreguera

El hundimiento ocasionó la muerte de cuatro personas en 2000

Barcelona / L'Hospitalet

No hubo negligencia en el hundimiento del puente de Esparreguera en la Nacional II, que ocasionó la muerte de dos hermanos y dos guardias civiles. La causa directa de la catástrofe fue la abundante lluvia caída el 10 de junio de 2000, aunque pudo ayudar que se hubieran realizado diversas obras que redujeron a menos de la mitad la anchura de la riera de Magarola, donde se produjo el derrumbe del puente. Así lo establece un auto dictado por la juez Beatriz Terrer, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Martorell.

La juez sugiere que los perjudicados pueden acudir a la vía de lo contencioso administrativo y reclamar a la Administración, pero que la vía penal por un supuesto homicidio por omisión no es la adecuada, ya que no han quedado acreditados estos hechos.

Las causas, señala el auto, "quedan perfectamente determinadas" en el informe pericial. La "causa directa y eficiente" es la "avenida extraordinaria de aguas". No obstante, otros hechos contribuyeron a la caída del puente. Entre ellos, las modificaciones en el cauce de río y la falta de mantenimiento, lo que produjo que hubiera allí maleza y residuos sólidos. El perito, apunta el auto, "excluye como causa de la caída del puente la falta de capacidad estructural del mismo". La juez añade que "la avenida extraordinaria de aguas excluiría ya de por sí la apreciación de responsabilidad en el ámbito estrictamente criminal".

Respecto a la supuesta culpabilidad de tres cargos públicos acusados, la juez sentencia que no ha lugar porque eran cargos de confianza, no obligados a conocer los aspectos técnicos. El Gobierno catalán, que recibió del Ejecutivo central las competencias sobre cauces en 1983, no hizo un inventario de lo recibido, y un análisis de puntos negros posterior no se refiere en ningún caso al punto donde se produjo el hundimiento.

A juicio del alcalde de Esparreguera, Xavier Sitjà, y de la acusación particular en representación de la familia de los fallecidos, "hay suficientes datos y declaraciones que demuestran que hubo defectos en la construcción" de la infraestructura, que se realizó en 1990. Sitjà los enumeró. Por una parte, recordó que el responsable de la obra declaró ante el juez que primero se ejecutó el puente y luego se firmó el proyecto.En los últimos años, varios edificios habían ocupado los márgenes, reduciendo el espacio de circulación del agua y desviándola hacia uno de los pilares que soportaban la construcción. El Ayuntamiento y la acusación particular han mantenido desde el principio que la fuerza del agua impactando durante 10 años sobre un solo soporte que, además, no contaba con suficiente cimentación hizo que, con el paso del tiempo, la estructura acabara cediendo aquel 10 de junio, cuando Jordi y Antonio Sánchez Justo lo cruzaban con su coche. El suceso fue más trágico aún, ya que durante la búsqueda de los cuerpos por el río perecieron dos guardias civiles al volcar su zodiac.

Un informe del perito requerido por la juez señaló, entre las conclusiones, que se debía haber advertido "del riesgo fundado" de la erosión de la pila del puente. Precisamente, el fiscal que participaba en la instrucción solicitó en agosto de este año la imputación de tres directivos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) por supuesto delito de homicidio imprudente basándose en el informe pericial por "la falta de mantenimiento y vigilancia de la cuenca". "Hay suficientes elementos para ir a juicio, así lo ha visto el propio fiscal", lamentó el abogado de la acusación particular, Juan Galera.

El letrado criticó que el caso del puente de Esparreguera se haya archivado sin atender su petición de citar como imputado al responsable del proyecto. "Es algo anormal", señaló Galera. Como también lo es, remarcó el Ayuntamiento, que cinco años después de la caída del puente aún no haya aparecido el proyecto de construcción del mismo, pese a repetidas solicitudes. "Se está escondiendo la prueba del delito", dijo Sitjà.

El Ayuntamiento aseguró que los pilares del puente de 1990 tenían un máximo de 10 metros de profundidad, mientras que la nueva construcción cuenta con 35. "Ya no sé qué pensar de la justicia", fueron algunas de las pocas palabras que pronunció ayer Rafael Sánchez Justo, hermano de las víctimas. De no prosperar el recurso, la familia podría optar por la vía administrativa o civil para solicitar una indemnización. Sin embargo, se muestra contraria a este trámite, ya que, según comentó ayer su abogado, no quieren "dinero, sino saber quién es el responsable de una mala construcción" del puente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de noviembre de 2005