El PSOE acusa al PP de intentar "rajarse" en la ponencia del Estatuto

La ponencia que estudia la reforma del Estatuto de Autonomía aborda hoy uno de los capítulos más complejos: la financiación de la comunidad. El PSOE censuró ayer la decisión del PP de no llevar a la ponencia ninguna propuesta sobre este asunto y vincular su posición a la evolución del Estatuto de Cataluña. El secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, cree que los populares están intentando "rajarse" de los acuerdos alcanzados hasta ahora en la ponencia y de preparar el camino para "no participar como hasta ahora en la reforma estatutaria".

Los socialistas dieron ayer un toque de atención al PP por la actitud que está adoptando este partido en el debate estatutario. Este mensaje se produce justo cuando la ponencia parlamentaria que estudia la reforma del Estatuto va a tratar, entre esta semana y la próxima, dos de los asuntos más delicados: la financiación y el marco competencial de la comunidad.

La ponencia arranca hoy el debate de la financiación con el anuncio del PP de que no va a realizar una propuesta propia sobre esta materia para su inclusión en el Estatuto. Los populares plantean ahora que este asunto no se aborde hasta que se vea cómo se resuelve el debate del Estatuto de Cataluña.

Los cuatro grupos parlamentarios alcanzaron el pasado 14 de junio un acuerdo unánime en el que se establecía como principio general para incluir en el Estatuto la "igualdad como valor supremo". A este principio general, los grupos añadieron la autonomía financiera, la suficiencia y la solidaridad.

Ariete contra Zapatero

Los socialistas interpretan la decisión del PP de no presentar ninguna propuesta en materia de financiación como un paso atrás en su actuación en la ponencia. Luis Pizarro afirmó ayer que la actitud del PP no es más que "un intento de escapismo, de rajarse de los acuerdos y no participar como hasta ahora en la reforma estatutaria". Además, el PSOE considera que la decisión del PP tiene una lectura en clave de política nacional. "Hay una estrategia de convertir a Andalucía en el ariete para debilitar políticamente a José Luis Rodríguez Zapatero", afirmó Pizarro, quien definió como "deplorable y penoso" el hecho de que el PP se niegue "a debatir" este asunto.

El dirigente socialista se mostró especialmente crítico con el hecho de que el PP vincule su decisión con la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña y el modelo de financiación que recoge el proyecto aprobado por el Parlamento catalán. Pizarro recordó que el Estatuto catalán se encuentra en el Congreso de los Diputados para su debate.

El portavoz parlamentario del PP, Antonio Sanz, insistió ayer en que su partido no hará ninguna propuesta sobre este asunto, salvo una defensa del actual modelo de financiación. Sanz aseguró que esta decisión sobre este tema concreto no afectará a su actuación en la ponencia.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha anunciado que los estatutos de autonomía podrán establecer "algo más que principios" en materia de financiación y ha planteado que a partir de enero se debata una reforma del sistema de financiación autonómica.En cualquier caso, Zapatero ha afirmado que hay margen para que las comunidades tengan más autonomía en materia fiscal, pero ha dejado claro que el Gobierno tendrá también impuestos que no son delegables a las Administraciones autonómicas.

Los socialistas desvelarán hoy su propuesta de financiación, en la que han apuntado que habrá "novedades". El hecho de que el PSOE haya retrasado hasta el día de la ponencia su posición sobre la financiación fue ayer criticado por la portavoz parlamentaria de IU, Concha Caballero, quien destacó que este asunto es un eje "central" en la reforma.

Caballero presentó ayer la propuesta que va a llevar IU a la ponencia, que pasa por que el Estatuto recoja un "blindaje" de los ingresos que recibe Andalucía para hacer frente a las competencias que tiene asumidas. La propuesta de IU no entra a detallar la fórmula para llegar a esos ingresos (es decir, qué impuestos y qué tramos pueden ser cedidos a las autonomías), sino que plantea que el Estatuto contemple una garantía para que Andalucía disponga de recursos suficientes. "La comunidad autónoma, en aplicación del principio de igualdad, dispondrá de financiación suficiente para garantizar los servicios transferidos y la calidad de los mismos en relación al resto de los territorios del Estado", dice la propuesta de IU.

Para calcular estos recursos, IU propone que el Estatuto consagre dos criterios: la población y las competencias asumidas por la comunidad.

Como novedad, Izquierda Unida también plantea que la reforma prevea que la financiación por habitante de Andalucía sea equivalente a la media de la financiación por habitante en el conjunto de España. La propuesta plantea, además, sacar la deuda histórica de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía y recogerla en el articulado del capítulo dedicado a la financiación.

Deuda histórica

La redacción que plantea IU para la deuda histórica varia en un pequeño matiz, pero de gran calado. Así, mientras el actual Estatuto habla de "nivel mínimo", la propuesta que va a llevar hoy a la ponencia afirmó: "Mientras persistan circunstancias socioeconómicas que impidan la prestación de un nivel medio de servicios transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán unas asignaciones complementarias para garantizar dicho nivel".

Como balance, la portavoz parlamentaria de IU señaló que se trata de una propuesta "inteligente" que implica un "blindaje constitucional" de los ingresos de la comunidad. Añadió que su formación nunca permitirá que Andalucía tenga menos autonomía financiera o competencias que Cataluña.

La propuesta de IU también apunta que la futura Agencia Tributaria andaluza tenga competencia plena sobre los impuestos propios de la comunidad y que pueda recaudar los tributos cedidos por el Estado siempre que se firme un convenio entre la Agencia Tributaria estatal y la autonómica.

También apela al principio de lealtad institucional, de manera que cualquier decisión que adopte la Administración central en materia fiscal no repercuta negativamente en las autonomías.