Algo no cuadra

Desde hace un cierto tiempo y cada vez con mayor insistencia, en España se escuchan voces que defienden la regularización del comercio sexual, según parece con tres objetivos: reconocer los derechos individuales de las personas que ejercen la prostitución considerando su trabajo una actividad económica más, erradicarlas de calles y carreteras, y censarlas. Pese a que, en principio, las medidas parecen servir los intereses de quienes se prostituyen -mayoritariamente mujeres-, algo no acaba de encajar en este postulado.

En primer lugar, quienes más han insistido en la necesidad de regular la prostitución han sido los empresarios del sexo -antes llamados macarras o proxenetas-, de modo que podemos imaginar que, si defienden esa idea, será porque su consecución les reportaría algún tipo de beneficio. Tanto se han empecinado que, de regularse la prostitución, los proxenetas, erigidos en guardianes de la moral familiar y callejera, habrían conseguido que sus negocios fuesen reconocidos como lugares de ocio de pleno derecho. En cambio, las prostitutas que van por libre y, sobre todo, las más desamparadas se verían barridas de calles y carreteras, e incluso de pensiones y pisos.

En Holanda fue legalizada y en una década la prostitución ha crecido un 25%

También resulta sospechoso que los empresarios del sexo manifiesten ese deseo perentorio por pagar impuestos a las arcas estatales y dejar, así, de tener un negocio que es simple economía sumergida. Desde luego, les honra esa insistencia, aunque nos permitimos dudar de su honradez. Pero, sobre todo, lo que causa perplejidad es la pretensión de que las trabajadoras del sexo no puedan erigirse en empresarias de su propio negocio y montarse un chiringuito donde les plazca, máxime cuando actualmente, sin leyes que lo regulen, las que dicen haber elegido libremente vender su cuerpo -un 5%- pueden darse de alta de autónomos en otras profesiones

En segundo lugar, también parece que se beneficiarían de la disposición los prostituidores, llamados eufemísticamente clientes. Para ellos -uno de cada cuatro ciudadanos españoles-, la medida supondría mayor impunidad al utilizar los servicios de una prostituta o al hacer turismo sexual. Si ahora y pese a que la ONU considera la prostitución una forma de esclavitud y de maltrato, comprar el sexo de una mujer puede ser relatado como una hazaña entre cierto tipo de hombres, la regularización terminaría de despojar a esa actividad de connotaciones peyorativas y la transformaría en algo parecido a la visita de un parque temático. Parece que, con ello, las trabajadoras sexuales ganarían en dignidad, a la par que ellos disfrutarían de mayor "comodidad". Aunque, si lo que se pretende es dignificar esta ocupación, no deja de resultar chocante que, cuando algún canal televisivo ofrece un reportaje sobre compra-venta sexual, muestre claramente los rostros y los cuerpos de ellas, pero cubra púdicamente los rostros de ellos, los prostituidores.

Por último, están las prostitutas que ejercen sin haberlo elegido: el 95% restante, de las que la inmensa mayoría son inmigrantes sin papeles introducidas en España por las mafias internacionales. Éstas no quedan fuera del sistema por putas, sino que se dedican a la prostitución porque el sistema no les deja otra alternativa. ¿De verdad van a catalogar a esas más de 400.000 prostitutas sin papeles? ¿Van a ofrecerles papeles porque se dedican a la prostitución y establecerán un agravio comparativo con las sin papeles que limpian casas o cuidan a personas ancianas? ¿O van a dar papeles a cualquier inmigrante? Si es así, será un alivio no verles morir tratando de saltar vallas o intentando cruzar el Estrecho en pateras.

En Occidente existen dos modelos de abordar la prostitución: el modelo holandés y el modelo sueco.

En Holanda, la prostitución fue legalizada con el argumento de que ello erradicaría el tráfico y explotación de mujeres inmigrantes y supondría un control para la industria sexual. Sin embargo, las cifras demuestran exactamente lo contrario: en una década, el negocio ha crecido un 25%; la prostitución infantil ha aumentado vertiginosamente (se ha pasado de 4.000 a 15.000 niños, de los que la mayoría son niñas); el 85% de prostitutas son mujeres víctimas del tráfico sexual y sin posibilidades de regularizar su situación, y la violencia contra las mujeres se ha exacerbado.

En Suecia, en 1999 se aprobó una ley que penalizaba la compra de servicios sexuales y despenalizaba su venta. Así, quienes resultan perseguidos son los macarras y los puteros, mientras que ellas no sólo no resultan sancionadas, sino que, además, cuentan con unos servicios integrales que las ayudan, si lo desean, a dejar el oficio. El resultado ha sido una disminución más que notable del negocio y el éxodo de los traficantes de mujeres, que se han visto obligados a buscar otros lugares, otros mercados.

Tal vez quede por analizar el efecto que la compra de servicios sexuales tiene sobre todas las mujeres como género. Porque no olvidemos que éste es un problema de género: el 90% de quienes ejercen la prostitución son mujeres, el 3% hombres y el 7% transexuales; mientras que un porcentaje abrumador de proxenetas y clientes son hombres.

El inconsciente, ese espacio apenas intuido hasta hace pocos años y ahora ratificado por los neurólogos gracias a las nuevas tecnologías, es responsable de una intensa actividad de la que no somos conscientes. El inconsciente acumula creencias y prejuicios, origen de muchos de nuestros comportamientos. Una de estas creencias seculares, que estuvo en la base de la desigualdad entre mujeres y hombres, es la de que el cuerpo femenino es una mercancía. Otra de esas ideas, desmentida científicamente, es la de la necesidad sexual masculina tan insaciablemente natural.

En modo alguno conseguiremos una sociedad paritaria si no conseguimos borrar ambas ideas de ese inconsciente colectivo. Y, desde luego, regularizar la prostitución no parece el mejor camino. En cualquier caso, mientras en el mundo tantas mujeres y niñas sean forzadas a prostituirse, serán ellas quienes nos tendrán a su lado defendiendo sus derechos.

Gemma Lienas es escritora y miembro del Lobby de Dones de Catalunya