Los réditos del sufragio extranjero
El presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, reclama el censo de inmigrantes de la provincia

El interés por el voto inmigrante ha quedado más que patente en Castellón después de que se hiciera pública una orden de la dirección provincial del PP en la que reclamaba a sus responsables locales el censo de inmigrantes "dada la importancia que el tema de inmigración tiene en las próximas elecciones municipales de 2007", según exponía en su misiva el presidente de los populares castellonenses, Carlos Fabra.
Fabra se ha tenido que afanar en la defensa de la legalidad del acceso a unos datos, que expresamente prohíbe la Ley de Régimen Electoral, alegando que reclamaba únicamente las estadísticas por municipios, que, por otra parte, se pueden obtener en la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Gobierno ha abierto un expediente informativo para esclarecer si se ha producido el envío de la carta, tal como anunció recientemente el subdelegado del Gobierno, Juan María Calles, y si ésta vulnera la legislación vigente.
El argumento de la dirección del PP provincial se ha visto solapado con el reiterado intento del alcalde de la capital de La Plana, Alberto Fabra, de asegurar que su último viaje, a Rumania, no se ha debido a un interés electoralista, sino a la intención de estrechar lazos con el país del que procede la mayoría de la población inmigrante de la ciudad. En cualquier caso, tras su viaje, el alcalde de Castellón ha mantenido reuniones con los responsables de varias instituciones, Cámara de Comercio y universidad entre otras, con el fin de implicarles en el proceso de incrementar esa relación.
La comunidad rumana alcanza en la provincia, aproximadamente, las 30.000 personas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Sin embargo, las asociaciones de inmigrantes y los sindicatos cifran esta colonia en cerca de 40.000 personas. De ellas, alrededor de 18.000 están empadronados en la capital de La Plana, lo que significa que, en el caso de que Rumanía se integre en la Unión Europea con plenos derechos el 1 de enero de 2007 y que el 50% participara en las próximas elecciones municipales, en sus manos estaría la elección de alrededor de tres concejales.
"A poco que se organicen, la alcaldía la deciden ellos", ha señalado un concejal de la actual corporación. En el caso de la Diputación, los escaños se han decidido, en algunos partidos judiciales, por apenas 300 votos, con lo que el voto por municipios resulta también importante.
Sin embargo, la atención e interés, electoral o no, de instituciones y partidos por los ciudadanos rumanos está despertando el recelo en otros colectivos de inmigrantes. Ninguno de ellos suma la cantidad que abarca la comunicad rumana, pero, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes de origen africano -cuya regularización es más limitada que entre personas de otra procedencia- la presencia de ciudadanos censados se eleva a cerca de 12.000. Ninguna institución ha firmado convenios particularizados con ellos y, de momento, ningún partido se plantea su inclusión en las listas electorales, posibilidad que están debatiendo todos los partidos en el caso de los rumanos.

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