Los vecinos de Pegalajar se movilizan contra el cierre del polígono industrial

Medio millar de vecinos de Pegalajar (3.100 habitantes, Jaén) se concentró ayer en la plaza del Ayuntamiento para rechazar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordena el inmediato cierre de todas las industrias del polígono que carecen de licencia. La alcaldesa, la socialista Mercedes Valenzuela, advirtió ayer de que la decisión judicial supone un "jaque mate" para el pueblo.

Tras un proceso judicial que se remonta al año 1997, el alto tribunal andaluz ha estimado la denuncia presentada por el propietario de un chalet colindante con el polígono, que decidió acudir a los tribunales por el alto nivel de ruidos y emisiones contaminantes de las industrias.

La orden de cierre, que se ha ido posponiendo desde el pasado mes de enero por los sucesivos recursos interpuestos por el Ayuntamiento, supondría, según los empresarios, la pérdida de los 300 empleos que actualmente generan la docena de industrias asentadas en el polígono.

La concentración de protesta de ayer viernes estuvo secundada por los tres grupos políticos con representación municipal, PSOE, PP e IU, que aparcaron sus diferencias de meses anteriores en este tema para reforzar la unión ante el auto judicial. En un comunicado conjunto, los tres partidos advierten de que el auto judicial es "un acto injusto que va acarrear un irreversible desastre económico y social". "Este acto, que podrá ser legal, pero no necesariamente justo, va a suponer el descalabro económico de gran parte de las familias del pueblo", reza el comuicado.

Los partidos piden al TSJA que reconsidere el fallo y conceda el tiempo necesario para finalizar las obras de urbanización en el polígono y que permitirán la concesión de las licencias de apertura y actividad a las industrias allí ubicadas. Para las empresas que cuenten con licencia, el TSJA exige la adopción de medidas correctoras para las que registren emisiones contaminantes y ruidos.

El contencioso se remonta al año 1997, que fue el año en el que Luis Larrubia, el propietario del chalet más próximo al polígono, y otros diez vecinos de una urbanización cercana interpusieron la denuncia por los ruidos y las emisiones de gases de esta zona industrial. Finalmente, sólo el primero de ellos siguió adelante con su reclamación. Ayer, numerosas pancartas y pintadas aparecidas junto a su domicilio criticaban su empecinamiento, máxime cuando el chalet afectado es una segunda vivienda que Larrubia y su familia -que viven en la capital jiennense- sólo utilizan en verano y algún fin de semana.

Ayer, su abogado lamentó la "falta de diligencia" del Ayuntamiento para solucionar este tema en todos estos años y reiteró que l su cliente no quiere el cierre del polígono sino que se cumpla la ley.